Amnistía Internacional señaló que en la Argentina "continúa sin respetarse el derecho de los aborígenes a la tierra". También mostró su preocupación debido a que en varios lugares del país se incumple el fallo de la Corte Suprema que estableció que toda mujer o niña embarazada como consecuencia de una violación debe tener acceso a un aborto en condiciones seguras y sin necesidad de autorización judicial.

Al difundir anoche el Informe 2013 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, Amnistía dio cuenta de los avances y retrocesos que se registraron durante el año pasado en 159 países y territorios. En el documento se afirmó que los gobiernos del mundo siguen utilizando los intereses nacionales, la seguridad nacional y la preocupación por la seguridad pública para justificar las violaciones a los derechos humanos.

En el apartado sobre Argentina, Amnistía Internacional subrayó el incumplimiento de la ley de emergencia 26.160, que prohíbe el desalojo de comunidades aborígenes mientras no se lleve a cabo un estudio nacional para delimitar los territorios. Y dio cuenta de "las amenazas y los actos de intimidación" que sufrieron el líder de la comunidad qom de La Primavera, Félix Díaz, sus familiares y otros miembros de la comunidad.

"Las reiteradas situaciones de violencia que ha venido sufriendo esta comunidad demandan una urgente intervención del gobierno provincial. El incumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos de los pueblos aborígenes asumidos por el Estado nacional, que obliga también a las instancias provinciales, genera responsabilidad internacional del Estado argentino", dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Aborto no punible. En cuanto al derecho al aborto no punible para las mujeres y niñas víctimas de violación o cuya vida o salud corra peligro en caso de que se lleve a término el embarazo, el informe recordó la situación que atravesó una mujer víctima de trata violada a quien se le negó un aborto en la ciudad de Buenos Aires. Remarcó también que son varias las provincias del país que no cuentan con Protocolos de interrupción del embarazo respetuosos de los derechos de la mujer para los casos que autoriza el Código Penal.

El texto también afirma que, a nivel nacional, "continúa preocupando la falta de aplicación plena de la legislación aprobada en 2009 para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres". En cambio, se reconoció como "un paso importante hacia el reconocimiento de las personas transexuales" la aprobación de la ley que permite a quien lo desee cambiar su nombre y sexo en documentos oficiales sin la aprobación de un juez o un médico. Amnistía Internacional una vez más llamó la atención sobre los ataques sufridos por comunidades aborígenes en diferentes países de la región como consecuencia de enfrentamientos con terratenientes o empresas interesadas en la explotación de recursos naturales ubicados en sus territorios. Pese a decisiones históricas de tribunales internacionales en favor de los derechos de los pueblos originarios a la consulta y a que se obtenga su consentimiento libre, previo e informado en relación a proyectos en desarrollo que los afectan, estos continúan sin traducirse en la práctica.