Una de las consecuencias trágicas de la crisis socio-económica que padeció el país es la precarización de las relaciones laborales, en la misma Argentina que supo gozar de pleno empleo y donde los asalariados disfrutaban de sus legítimos derechos, obra social, aguinaldo, vacaciones pagas, etcétera. Se pueden observar situaciones lamentables signadas por una bochornosa explotación de los trabajadores que a mediano y largo plazo se convertirán en una bomba social. La sociedad debe asumir que el trabajo en negro o informal constituye un serio problema para el país. El escenario actual anticipa que en el futuro sólo se jubilará el 45 por ciento de los trabajadores, víctimas de la corrupción. En la actualidad la tasa de cobertura llega al 69,5 por ciento, índice que en 2010 descenderá al 57,5 por ciento. Esto demuestra un profundo nivel de subdesarrollo. Agrava la situación el hecho de que gran parte de los trabajadores informales pertenece al Estado. La construcción históricamente fue y es uno de los sectores que ostenta mayor porcentaje de empleo en negro, sector donde la evasión fiscal se acentúa. El Estado debe ejercer con rigor su función de contralor y no ser cómplice de la corrupción que frenó el desarrollo social. Será en beneficio del conjunto de la sociedad, que ha pagado demasiado caro los efectos del trabajo en negro o informal. Lamentablemente el Estado está asociado a la corrupción estructural.

Justo José Porteiro, LE 3.168.106