Ocho cocheras, seis baldíos y seis galpones que mantienen deudas de larga data con la Intendencia por falta de pago de la tasa general de inmuebles (TGI) están a un paso del remate. El primero se iba a cumplir el viernes próximo, pero fue postergado ayer porque la propiedad también mantiene una deuda hipotecaria con el Banco Nación.
La medida, que es inédita en Rosario, fue tomada "no con una finalidad recaudatoria sino de equidad contributiva", explicó a La Capital la subsecretaria de Economía municipal, Eleonora Scagliotti, convencida de que los incumplimientos deben ser penalizados. Eso sí: ninguno de los inmuebles a rematar funciona como vivienda familiar.
En la lista de morosos consuetudinarios a los que la Dirección Legal Tributaria de Hacienda inició proceso judicial en octubre de 2008 figuraban 34 inmuebles.
De ellos, ante la inminencia del remate, 14 se acogieron a regularizar su situación mediante convenios de pago o al contado.
En total, esas deudas suman un monto poco relevante para las arcas municipales: 150 mil pesos.
Razones. De ese argumento se valió Scagliotti para graficar que el inicio de las acciones legales hasta llegar a la orden de remate (dictada por juzgados en lo Civil y Comercial de distrito y de circuito, según los valores de cada caso) no responde a un fin recaudatorio. Sobre todo si se recuerda que la recaudación global por la TGI en la ciudad ronda los 14 millones de pesos.
El resto de las propiedades, que llevan desde cinco y hasta más de una década sin pagar un solo vencimiento de la tasa, suman 20, distribuidas en todos los distritos de la ciudad.
Según detalló Scagliotti, los montos de sus respectivas deudas van de 290 mil pesos a apenas 1.500.
El 40 por ciento de esos inmuebles son cocheras (la mayoría desocupadas y con deudas pequeñas, de entre 1.500 y 2.000 pesos), el otro 30 por ciento terrenos baldíos y 30 por ciento restante galpones, buena parte de ellos en desuso.
El criterio adoptado para iniciar el trámite judicial que ahora derivará en la subasta (y que está previsto por la normativa vigente aunque nunca se había aplicado) es que se trate de inmuebles con viejas deudas, no ocupados como vivienda familiar (y no sólo en el caso de viviendas únicas).
"Buscamos que quienes pagan vean que aquellos que no lo hacen son seguidos y penalizados", dijo la subsecretaria de Economía.
Es decir, "se intenta distinguir a los contribuyentes cumplidores de los incumplidores", siguiendo un criterio de "equidad contributiva", agregó la funcionaria.
Caso testigo. El primer remate, previsto originalmente para el viernes pero postergado por pedido del Banco Nación, es un galpón ocupado por un negocio de desguace y venta de autopartes ubicado en Villa del Parque 3035.
Esa propiedad no pagó nunca la TGI desde 1998, por lo que su deuda asciende a 55.237,61 pesos.
De todos modos, su morosidad no fue exclusiva con el municipio, ya que también mantiene vencimientos impagos por un crédito hipotecario con el Nación.
Esa fue la razón por la que la Justicia comunicó el aplazamiento del remate hasta determinar cuál de los organismos tendrá prioridad de cobro.
Desde el municipio insistieron en que, en el caso de la TGI, el camino de la subasta de inmuebles con mayores deudas comenzó a ser transitado en 2008.
Son los que no reciben aporte estatal y representan apenas el 6 % del total. Para el resto, los límites a los aranceles oscilan entre $ 61 mil y $ 277 mil
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