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Por orden judicial, barrio Logaritmo dejaría de ser un predio "encerrado"

Un juez mandó a terminar con el "estado antijurídico" en el que incurre el club. Conflicto de fondo. Es inminente la apertura de tres calles públicas en la localidad de Ibarlucea.

Lunes 04 de Abril de 2016

La situación irregular en la que se encuentra el club Logaritmo, donde se levanta un barrio en Ibarlucea que fue literalmente enrejado ("encerrado", dicen algunos vecinos) por la institución, tiende a normalizarse. El juez correccional Rodolfo Zvala ordenó que se abran las calles públicas del predio barrial. La orden debería ser ejecutada por la policía, y un grupo de vecinos ya se presentó para ofrecer la logística necesaria.

La decisión judicial se enmarca en una acción penal por usurpación de calle pública que lleva adelante la Fiscalía Nº 3, a cargo de Carlos Covani, y entró en su recta final, luego de que la comuna de Ibarlucea revocara en diciembre pasado la ordenanza 802, que allanaba el camino para dar al lugar el status quo de barrio cerrado

El club hizo un pedido de reconsideración de esa revocatoria a la comuna, y aunque se especulaba con que la había rechazado, el presidente comunal, Jorge Massón, le dijo a LaCapital que esto todavía no había sido tratado.

De todos modos, para la Fiscalía este pedido no tiene importancia jurídica, por cuanto la ordenanza ya había caducado cuando la administración anterior la revocó.

Zvala ordenó la apertura de las calles Las Leonas, Los Pumas y avenida Logaritmo a pedido del fiscal Covani, que investiga el presunto delito de usurpación. Vecinos que habitan el barrio Logaritmo y que pidieron preservar su identidad, expresaron su apoyo a la medida y señalaron a este diario que "de ese modo terminará el largo cautiverio neo-feudal en el que el club tuvo a los habitantes durante décadas, mediante calles públicas que mantenían cerradas ilegalmente".

Los propietarios disconformes son aproximadamente unos 100 y los reclamos comenzaron cuando a raíz de una serie de problemas entre ellos y la entidad, se enteraron de que varias calles "públicas" que nacen en la ruta nacional 34 fueron cerradas en el año 2000 por el club para poder vender los lotes, denuncian, como si fueran de un country. Incluso, algunos recuerdan que por aquel entonces pusieron un cartel que decía "Country Club Logaritmo", que luego fue retirado. Es decir que, en rigor, no se trata de un barrio cerrado, aunque muchos aseguran que compraron los lotes pensando que lo era.

"Escrituramos como barrio cerrado y nos encerraron dentro de algo que es ficticio", señaló uno de los propietarios, quien declaró además que "la comuna declaró que «nunca hubo trámite legal para cerrar las calles públicas», y el fiscal provincial inició una investigación sobre los dirigentes del club en relación a su responsabilidad penal en ese cierre ilegal".

Efectivamente, para acceder al barrio Logaritmo, quienes viajen desde Rosario por la ruta 34 deben girar a la derecha por la avenida Limite del Municipio, que separa a Rosario de Ibarlucea, para llegar al único acceso al predio, pese a que por la misma ruta nacional 34, pocos metros más adelante y siempre hacia el este, existen por lo menos dos o tres calles públicas que se internan en el barrio, pero que sólo sirven a la circulación interna. Por todo esto las autoridades de la entidad están imputadas y con pedido de procesamiento ante los tribunales de Rosario de un delito de acción pública que se investiga.

En rigor, el conflicto de los vecinos con el club Logaritmo es mucho más profundo, y constituye un verdadero galimatías jurídico que se ventila tanto en el fuero civil como en el penal. Un grupo de vecinos denunció al club, cuyos socios consideran que el barrio colindante es propiedad de la entidad. Según ese planteo, los vecinos estarían viviendo dentro de un predio que pertenece a la institución, lo que justificaría un pago mensual de expensas y una obligación de ser socios, expresada en el abono de una abultada cuota mensual, entre otras exigencias.

Este conflicto, que es de vieja data, tiene el otro costado, que incumbe al Estado, por cuanto el club privatizó calles que son de uso público, lo que le permitiría mantener ese status de barrio cerrado y tener "cautivos" (como dicen algunos) a los habitantes. Este último aspecto es el que maneja la Justicia penal a partir de una presentación de un grupo de vecinos.

De lo que se trata es de "pasar a derecho", aseguraron fuentes de la Asociación de Vecinos Autoconvocados (AVA) y de la Fiscalía. Los habitantes, o al menos quienes están en esta pelea (que no son todos) ponderan la actitud dialoguista y componedora del juez Zvala y del fiscal Covani, contrapuesta, dicen, a la de las autoridades del club.

Lo que pide el fiscal, y lo que sentenció el juez, es el cese del "estado antijurídico" en lo que atañe a bienes del Estado. El juez no va a resolver el problema de fondo que se dirime en el fuero civil, pero sí puede, mientras se investiga al sujeto del delito (a quién cerró las calles) frenar el efecto de ese delito (el cerramiento mismo), para que las consecuencias no sigan ocasionando prejuicios.

La ordenanza. En medio de todo esto está la discusión sobre la ordenanza 802. Esta norma fue sancionada el 31 de julio de 2015, un día antes de que entrara en vigencia el nuevo Código Civil de la Nación. Según pudo saberse, la ordenanza establecía que Logaritmo no cumple con las características de un barrio privado y que las calles son públicas, y ordenaba regularizar la situación. No obstante, y por vías de excepción, la comuna les otorgaba el reconocimiento de urbanización especial homologable a la de barrio cerrado. Y establecía el acceso restringido a las calles públicas, para que fueran de circulación "sólo para vecinos".

Pero al mismo tiempo, la norma establecía que el predio sería administrado no por la comuna sino por una asociación civil sin fines de lucro con figura de sociedad anónima, una figura que, según profesionales consultados, no se usa más a partir del nuevo código. Por otra parte, para existir, esa nueva asociación con forma de SA debía ser registrada por la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) y luego inscripta en el Registro Público de Comercio. Pero desde la AVA advierten que eso nunca se hizo efectivo, y quela IGPJ habría tomado prudencial distancia, rechazando el pedido de constitución de una SA en tan judicializado contexto.
  Aparentemente, y hasta donde pudo reconstruir este diario, el club no regularizó su situación dentro de los plazos establecidos por la ordenanza 802, ni pudo cumplimentar con las condiciones que le imponía la mencionada ordenanza (por ejemplo, la existencia de la SA); entonces, el 9 de diciembre, un día antes de la asunción de las nuevas autoridades, la comisión comunal revocó la ordenanza.
  Esto generó un pedido de reconsideración por parte de la institución, y aunque las primeras informaciones off the récord daban cuenta de que el presidente comunal había rechazado ese pedido, Massón aseguró a La Capital que esto todavía no había sido tratado.
  De todos modos, para la Fiscalía, esto ya no es relevante, ya que esa misma ordenanza había caducado al vencerse los plazos que se le otorgaban a club para hacerla efectiva.

Inminente. Todas estas cuestiones se dilucidarían esta semana. Es verdad que para la comuna, la pelea en el club Logaritmo es una papa caliente que le quema en las manos: de uno y de otro lado hay vecinos del pueblo, algunos encumbrados e influyentes.
  También es una cuestión incómoda para la policía, que debe ejecutar la orden y que habría pedido al municipio ayuda, aunque hasta el fin de semana, no habría tenido respuesta. Los uniformados no tienen la logística necesaria para aplicarla, pero están entre la espada y la pared, porque es un mandato del juez. Y se preguntan también sobre el futuro del predio y de sus habitantes, muy acostumbrados a vivir en un lugar cerrado con la seguridad que eso implica, seguridad que ya no tendrán y que deberá garantizársela ciento por ciento el Estado.

Ayuda. Lo cierto es que, hasta este fin de semana, el municipio no había garantizado su ayuda, pero sí los privados. Al cierre de esta edición, se supo que algunos habitantes se apersonaron a la seccional y se pusieron a disposición de las autoridades policiales para proveerla de herramientas y personal.
  Una fuente de la Fiscalía observó que “no hay motivo jurídico que tenga el club para el cerramiento de esas calles. Es una situación de hecho que siempre fue así, y quieren encausar jurídicamente con ese status. Pero en realidad nunca lograron ese encauce”.

Posiciones divididas de vecinos

El cuadro de situación en la localidad de Ibarlucea es disímil en cuanto a los vecinos, se pudo saber que las posiciones se encuentran divididas. Un tercio se halla a favor del club, son integrantes de la institución, históricos de Logaritmo, hijos de ellos y nuevos vecinos que los acompañan. Otro tercio, es gente que reclama el “orden legal” de las cosas. Finalmente, el resto de los habitantes del lugar se mantiene en una actitud indiferente.

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