Por los casos de soborno en la Armada habrían relevado al jefe de la fuerza

La ministra de Defensa, Nilda Garré, habría decidido el relevo del jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, ante las sospechas de soborno que pesan sobre algunos miembros de la fuerza naval en la contratación de un diseño de buques al consorcio alemán Ferrostaal. La versión, que se viene manejando desde los últimos días, no fue desmentida ni confirmada por el Ministerio, cuyos voceros declinaron hacer ayer a La Capital comentarios sobre el tema.
La decisión que ya habría tomado la cartera de Defensa se sustenta en las dos denuncias penales por cohecho que presentó ante la Justicia federal a raíz de una serie de notas publicadas por este diario donde se reprodujo el testimonio de un testigo alemán de identidad reservada que reveló en Munich cómo fue la maniobra para sobornar a marinos y funcionarios con el fin de obtener un contrato de 3,5 millones de euros.
En la causa hay ocho personas imputadas, entre ellas dos marinos retirados, uno en actividad, dos abogados (uno de la Armada, otro civil), el ex presidente de Ferrostaal en Argentina, el ex presidente de Ferrostaal a nivel mundial y un ex miembro del servicio de inteligencia de Alemania. En las últimas semanas, el juez federal Ariel Lijo, que lleva adelante la investigación, allanó la sede en Buenos Aires de la empresa alemana y los domicilios particulares de los imputados, a quienes se sospecha de cohecho, tráfico de influencias y soborno trasnacional.

Exhorto a Munich. La propia ministra Garré había admitido hace unas semanas que “las irregularidades son serias” y pidió a la Justicia que a través de un exhorto requiera a la Fiscalía de Munich el testimonio del arrepentido, cuya copia en su idioma original está en poder de este diario y su contenido ha sido publicado casi en su totalidad en distintas ediciones a partir del 10 de junio. Esas publicaciones forman parte sustantiva de la denuncia del Ministerio de Defensa contra los imputados y del pedido de investigación que el fiscal Eduardo Taiano le solicitara al juez. También de otra denuncia de la Oficina Anticorrupción sobre el mismo hecho.
El negociado que se investiga se habría producido en 2006 cuando un abogado de la Armada habría recibido en efectivo aproximadamente 218.750 euros en coimas (ver recuadro) para cerrar un contrato con los alemanes. Pero no es el único caso. El propio Ministerio de Defensa admitió haber detectado irregularidades en la contratación, también al consorcio Ferrostaal y dos años antes, de una planta propulsora para la Fragata Libertad.
La noticia del relevo de Godoy, publicada ayer únicamente por el diario Perfil y reproducida por la agencia de noticias DyN, se venía esperando en las últimas horas, sobre todo después de que el juez Lijo le diera un plazo perentorio al almirante Godoy para que conteste una requisitoria en la que debe informar en detalle sobre los contratos firmados o en vías de negociación con el consorcio alemán Ferrostaal y el astillero, también germano, Fassmer para la construcción y diseño de unidades del Patrullero Oceánico Multipropósito (POM). También por pedido del fiscal se requirió al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a la Unidad de Información Financiera (UIF) datos sobre el manejo de fondos, pagos al exterior, números de cuentas de los imputados y otros elementos para la investigación que pudieran dar pistas del pago de coimas.

Anónimo. El Ministerio de Defensa, según el dictamen del fiscal federal al que La Capital también tuvo acceso, sospecha que el pago de sobornos se podría haber producido para una negociación en curso, aunque admite haber efectuado pagos en el pasado por una cifra similar a la denunciada por el testigo confeso.
Durante la tradicional cena de camaradería de las Fuerzas Armadas realizada el martes pasado, la ministra Garré habría recibido una denuncia anónima donde se confirma lo publicado por La Capital en base al testimonio del testigo arrepentido, un alto ejecutivo de Ferrostaal Alemania que está detenido y colabora con la Fiscalía para, probablemente, mejorar su situación procesal.
Todo esto será materia que deberá dilucidar el juez Lijo, quien en el pasado condujo con éxito la investigación contra la empresa alemana Siemens, que también pagó sobornos para obtener contratos.
El consorcio Ferrostaal, tanto en Buenos Aires como en su sede central en Essen, declinó en varias oportunidades el ofrecimiento de este diario para que explique la situación y sólo se limitó a decir a través de una consultora de prensa que no habían cometido ningún ilícito. Sin embargo, hace poco más de un mes su ex presidente a nivel mundial Matthias Mitscherlich tuvo que dejar el cargo presionado por las denuncias de corrupción en Grecia y otros países, lo que configuró un escándalo para toda la industria alemana.
Un ejecutivo de Ferrostaal Alemania permanece detenido en Munich, al igual que el testigo arrepentido (cuyo nombre este diario se reserva) por las actividades ilegales del consorcio a través del mundo, incluido la República Argentina.