Así como todos los años el titular de la Oficina Municipal de Defensa al Consumidor, Néstor
Trigueros, reclama que se actualice la ayuda estatal por el inicio de clases, ahora también muestra
preocupación por la asignación universal por hijo. El punto, planteado a diputados y senadores
santafesinos, es que la aplicación del beneficio no distinga, como figura en el decreto, entre los
chicos que asisten a escuelas públicas y privadas. Siempre que, obviamente, se dé el resto de los
requisitos: que sus padres sean desocupados o monotributistas sociales, trabajen en negro o brinden
servicio doméstico con salario por debajo del mínimo, vital y móvil.
El funcionario confía en que, tratándose “nada menos que de un
beneficio universal de esa naturaleza y para los chicos, prime la lógica”. Pero según lo que
literalmente dice el decreto, la asignación corresponde cuando además de las condiciones laborales
de los padres se acredite “la concurrencia de los menores obligatoriamente a escuelas
públicas”.
Si eso se cumple, por ejemplo, quedará fuera del beneficio al menos
buena parte de los cien mil chicos que en Rosario concurren a escuelas privadas con el 100% de
subsidio estatal. Y muchas de ellas, se sabe, reciben a chicos de hogares muy humildes. Además,
recordó Trigueros, en esas escuelas la cuota es voluntaria, suele equivaler al pago de una
cooperadora y ser pagada por una beca o un pariente solidario.
