La Iglesia Católica de Irlanda se enfrenta a duras acusaciones tras una investigación de nueve años según la cual miles de niños sufrieron abusos por parte de sacerdotes y monjas en sus instituciones. El informe, no obstante, no señala a responsables.

  El documento, hecho público ayer por la Comisión de Abusos Infantiles, afirma que los abusos sexuales a niños en los años 70 eran "endémicos" en las instituciones para varones como la Escuela Industrial Artane, en los suburbios de Dublín, y en Letterfrack, en el occidente del país.

  Los abusos eran "crónicos" también en las instituciones en las que las niñas eran puestas bajo tutela del Estado. El informe señala que unos 35.000 niños fueron llevados hasta 1980 a asilos, escuelas o instituciones. Unos 2.500 testigos declararon haber sido víctima de abusos sexuales o físicos.

  La comisión fue creada en 2000 y analizó acusaciones que se remontan a 60 años. Para el informe fueron estudiadas más de 100 instituciones en toda Irlanda, la mayoría bajo tutela religiosa. Las investigaciones costaron al Estado unos 70 millones de euros (95 millones de dólares).

  La comisión recibió miles de denuncias de traumas emocionales, físicos y sexuales causados a los menores por sacerdotes católicos, hermanos y monjas que dirigían las escuelas hasta que fueron cerradas en los 60 y 70.

  La organización Supervivientes Irlandeses del Abuso Infantil dio la bienvenida al informe, que llega tras una larga espera "para las víctimas del cruel sistema de escuelas industriales operado por órdenes religiosas católicas y el Departamento de Educación".

  El reporte señala que los castigos físicos en Artane, al mando de los hermanos, era "excesivo" y que los niños "se sentían constantemente bajo amenaza y temerosos".

  Durante dos tercios del período investigado en Letterfrack había además al menos un abusador sexual presente. Durante 14 años hubo dos y la congregación no dio explicaciones acerca de cómo permanecieron todo ese tiempo sin ser detectados.

  El informe subraya que la Iglesia conocía estos hechos y destituyó a algunos de los maltratadores y abusadores, pero que el miedo a un escándalo era mayor que la preocupación por el bienestar de los menores.

  Ya en 2003 fue publicado un informe provisorio con las declaraciones de 700 testigos. Los hombres y mujeres señalaban en él que recibían golpes con cinturones y palos. Otros sufrieron abusos sexuales, incluso violaciones simultáneas por parte de varias personas. El gobierno prometió indemnizaciones a las víctimas. l

(DPA)