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Políticas de seguridad en Santa Fe

Reflexiones, por Sergio Berni / Secretario de Seguridad de la Nación. El gobierno nacional empeña todos los recursos federales para articular esfuerzos con las provincias y obtener así el máximo rendimiento de las políticas de seguridad pública, complementarias de una estrategia de inclusión y desarrollo social que debe involucrar a todas las jurisdicciones del país.

Lunes 09 de Septiembre de 2013

El gobierno nacional empeña todos los recursos federales para articular esfuerzos con las provincias y obtener así el máximo rendimiento de las políticas de seguridad pública, complementarias de una estrategia de inclusión y desarrollo social que debe involucrar a todas las jurisdicciones del país.

Por eso, es necesario que los santafesinos, y en particular los rosarinos, sepan que nuestra planificación nacional de la lucha contra redes criminales no se detiene en fronteras, ni internas, ni externas.

El Estado nacional asigna sus recursos, medios y personal, con relación a la evolución del delito y las necesidades de auxilio específicas.

Ese es el objetivo del Programa Federal de Asistencia y Colaboración para la Seguridad dispuesto por la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner (decreto Nº 1177/13) para articular una serie de políticas públicas con las provincias y concurrir en ayuda de los distritos en temas relacionados a la seguridad, en el marco del Consejo de Seguridad Interior.

En Santa Fe la responsabilidad primaria de la seguridad es del gobierno y de la policía provinciales. La Policía Federal (PFA), Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria están implantadas en el terreno para colaborar en la prevención, investigación e intervención frente a delitos federales, así como en la custodia de rutas nacionales y de la zona ribereña.

Cuando disponemos de la decisión valiente de jueces y fiscales, esta presencia federal se traduce en golpes eficaces contra la violencia criminal.

Así, esta semana la PFA desarticuló la organización narco más perniciosa de la región rosarina. Merced a la iniciativa del juez Vera Barros y del fiscal Murray, en la "Operación Flipper" detuvimos a todos los miembros de una banda que manufactura cocaína y blanqueaba activos con una sorprendente impunidad.

Días antes, un control de la Gendarmería dispuesto por el Ministerio de Seguridad sobre la ruta nacional Nº 34 interceptó un cargamento récord de 2,5 toneladas de marihuana en Ceres.

Y qué decir de las investigaciones ordenadas por la Justicia a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que descubrieron la trama de complicidades escandalosas con redes de narcos.

Nuestra cooperación no se detiene en el apoyo a las autoridades santafesinas para contener la crisis actual (que por cierto tiene una génesis, una explicación y responsabilidades aunque no son objeto de esta nota): hace una semana realizamos en la provincia el curso de capacitación sobre investigación criminal al que invitamos a participar a la policía de la provincia. Hace un mes también llegamos de manera oportuna a auxiliar a la población afectada por la catástrofe en Rosario.

En ese sentido, Santa Fe también podría hacer uso de la tecnología de última generación para identificación de delincuentes y de sus armas, los sistemas federales de biometría, Sibios, y de balística, Saib, puestos incondicionalmente a disposición de todas las provincias.

Quiero subrayar que las fuerzas federales no reemplazan a la policía provincial en su responsabilidad de brindar seguridad a los santafesinos. Y aunque algunos pícaros oportunistas quieran forzar interpretaciones en tiempos electorales, el programa de refuerzo de la seguridad en el conurbano bonaerense no afectó en nada los servicios implementados en Santa Fe, como vimos por sus resultados más recientes.

El delito actual plantea desafíos que obligan a los órganos del Estado a maximizar esfuerzos para dar la respuesta que exigen nuestros ciudadanos. Nuestro objetivo es evitar nuevas víctimas, auxiliar eficazmente a la Justicia y contribuir así a reparar los daños que produce la violencia criminal.

No es una tarea sencilla, requiere un abordaje multiagencial, la coordinación nación/provincias y ajustes a medida que avanzamos. Pero, fundamentalmente, exige voluntad política y acción sobre el terreno por parte de los funcionarios responsables de dar respuesta a las preocupaciones legítimas de los ciudadanos.

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