Política, intereses y mediaciones

El negocio de la pastera UPM ceba el conflicto entre el gobierno uruguayo y de la Argentina, los republicanos ahogan presupuestariamente al presidente de Estados Unidos para defender el negocio de la salud, el Ejecutivo nacional extiende tres meses el blanqueo para los que tienen dólares sin declarar, y el juez Griesa vuelve a apretar a la Argentina con declaraciones favorables a los fondos buitres.

   Como el dibujo a trazo a grueso de un final de época, la asociación de los intereses económicos a la política se exhibió con todo el color del dinero en la semana que pasó. Ideología, temor, conveniencia o necesidad electoral. No es necesario pensar en vínculos espúreos o negocios turbios para que se imponga a la vista la crudeza material de esas relaciones.

   En los últimos años, no sólo a nivel doméstico sino también en el plano internacional, la lucha por establecer mediaciones entre la política y las presiones sectoriales registró algunos avances relativos. El lobby directo, una característica de la relación entre empresas y el sector público fue en parte desplazado por un sistema más complejo de representación corporativa, en la que las organizaciones sectoriales se integraron al juego general de la política, con las mediaciones y negociaciones que eso implica. En Argentina, hasta el conflicto agropecuario, la confrontación sectorial más dura de la última década en el país, se terminó resolviendo en esos términos.

   En las fotos de la última semana, la presión directa, el lobby, parece querer volver por sus fueros. Incluso en Rosario y Santa Fe, donde la media sanción del proyecto de ley que restablece el descanso dominical de los empleados de comercio, levantó polémicas. Entre ellas, la que deriva en la advertencia de los gobiernos provincial y municipal sobre el impacto que tendría la regulación de la apertura de un grupo determinado de comercios sobre las aspiraciones de la ciudad como enclave turístico.

   En términos objetivos, esas críticas se alinean con los reclamos de las cadenas nacionales de supermercados y los shoppings, que se sienten más afectados por una medida que restringe la apertura de locales comerciales, no así los de esparcimiento ni servicios. El argumento de la ciudad turística politiza el tema y traslada el lobby al plano de una legítima discusión sobre estrategias de desarrollo de una región que encontró en el turismo una actividad importante y complementaria a su histórico perfil comercial y de servicios a la producción.

   Importante objetivo que quizás no debería quedar condicionado, y probablemente no lo esté, a la apertura de determinados comercios en un día de la semana. Es probable que muchos turistas lleguen a la región atraídos por algo más que la posibilidad de comprar ropa en un shopping, cosa que además podrán hacer, si llegan un fin de semana, el sábado hasta las 10 de la noche. Una ley que defienda el descanso dominical de los mercantiles no impide disfrutar de la gastronomía, la hotelería y el esparcimiento. En el turismo de compra, en realidad, es difícil competir con La Salada.

   El argumento sobre las pérdidas de ingreso de los empleados y puestos de trabajo es menos opinable. Se asimila directamente a un chantaje empresario, desproporcionado y peligroso, que choca con el origen de la movida sindical que llevó a impulsar la restitución de una vieja conquista laboral. Esto es, dar marcha atrás con una medida que no fue concebida ni utilizada para mejorar el ingreso ni las condiciones de los trabajadores sino para flexibilizar sus condiciones de trabajo.

   Si el empleo fue parte constitutiva del crecimiento económico de la posconvertibilidad, su defensa, en términos decentes de ingreso y condiciones, debiera ser una prioridad de la política. El Estado tiene déficit en la materia y un enorme campo para actuar. Los trabajadores de Allocco, por citar sólo un caso reciente de presión sobre el mercado, lo saben en carne propia. Optar por la subordinación de la defensa del empleo a la agenda de reclamos empresarios recuerda a una escena que ya se vio en otra película.

   Desde el punto de vista laboral, la movida que terminó con la presentación del proyecto de cierre dominical, que tuvo media sanción en la Legislatura, tiene características interesantes. Fue fogoneada por el sindicato de los mercantiles, uno de los gremios más precarizados en los 90 y a su vez un ariete para precarizar a otras actividades en aquella década. Una nueva conducción que recuperó la actividad gremial como herramienta de lucha, impuso con la movilización en la calle, y con la política en la estrategia de alianzas, una agenda que tiene que ver con recuperar derechos laborales y, desde ese lugar, disputar ingresos.

   A través de una estrategia que no es tan habitual en los grandes sindicatos tradicionales, logró convertirse en eje de una alianza con sectores empresarios locales, que encontraron un vehículo para defender sus intereses económicos y disputar mercado frente los competidores nacionales, sin confrontar abiertamente con la representación gremial. •