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Polémica reincorporación de un funcionario condenado por robo

La Justicia ordenó suspender el decreto por el cual el ex titular de Control Pospenitenciario fue cesanteado tras haber sido sentenciado

Jueves 09 de Abril de 2015

El fallo de un tribunal contencioso administrativo de Santa Fe que ordenó al Estado provincial reincorporar a un funcionario cesanteado tras ser condenado por encubrimiento agravado de un robo a mano armada generó una gran controversia. El fiscal de Estado Pablo Saccone calificó el fallo como un “yerro jurídico inaudito” y dijo que los jueces deberán explicarle a los santafesinos por qué ordenaron que se ponga a convictos a trabajar en el Estado.
  “A los camaristas (en alusión a Alfredo Gabriel Palacios, Luis Alberto de Mattia y Federico José Lisa) les debe haber costado bastante explicarlo porque de hecho el fallo del que estamos hablando es bastante confuso e ininteligible, quizás por lo absurdo de la determinación”, dijo al respecto el ministro de Justicia santafesino Juan Lewis, quien adelantó que el gobierno hará “lo imposible” para evitar la reincorporación.

Presos libres. Martín Alejandro Romano, de 31 años, era director de Control y Asistencia Pospenitenciaria (ex Patronato de Liberados) de la provincia, cargo al que llegó en la última gestión de Jorge Obeid como gobernador. Su tarea era la de controlar que los condenados en libertad condicional cumplieran con las obligaciones impuestas por la Justicia para seguir en esa condición.
  Precisamente su condición de funcionario fue lo que esgrimió, credencial en mano, cuando el 1º de febrero de 2013 fue apresado al volante de un Renault Sandero junto a Gabriel Galván. Un peatón había visto, minutos antes, cómo un hombre bajaba de ese vehículo para asaltar la panadería Polo Norte de  la ciudad de Santa Fe. En el vehículo se incautó dinero y una pistola calibre 7.65.
  Romano alegó que llevaba dos días sin dormir tomando droga. Meses después fue procesado como partícipe de robo calificado. Pero luego su cómplice asumió la autoría del atraco y afirmó que en realidad el funcionario no sabía que lo estaba llevando a cometer un asalto, por lo que finalmente Romano terminó acusado por encubrimiento agravado. Así, el año pasado acordó en juicio abreviado una pena de 2 años y 8 meses de ejecución condicional.

Recurso. Tras ser condenado, Romano fue cesanteado como empleado del Estado provincial, medida que cuestionó. Adujo estar enfermo por su adicción a las drogas y que la cesantía lo privó de cobertura para tratarse. Dijo que nadie atendió a su problemática y afirmó que no es un delincuente sino una persona enferma que necesita ayuda.
  Entonces su defensa planteó que cuando se le hizo el sumario administrativo no se le realizó una junta médica para determinar si era imputable o no. Y esta semana se conoció un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que, como medida cautelar, ordena al gobierno suspender el decreto de cesantía y reincorporarlo aunque en “funciones que la administración estime adecuadas a su estado de salud y demás circunstancias”, sostuvo el tribunal, para el cual fueron violentados el debido proceso y la defensa en juicio.

Vigilador vigilado. El fiscal Saccone sostuvo que la imputabilidad de Romano había sido demostrada en el juicio en el cual se probó su responsabilidad en el robo. “La ley dice que los condenados por delitos dolosos no pueden formar parte de la administración pública. Además este señor estaba encargado de vigilar a los presos cuando se los liberaba. Ahora que él es un preso liberado, ¿se supone que tiene que cumplir su propia condena vigilándose a sí mismo?”, dijo al diario Uno de Santa Fe.
  “Debía ser cesanteado por la comisión de un delito doloso que tiene que ver con el decoro de su función. Imagino que a los camaristas les debe costar explicar una situación de esta naturaleza”, dijo por su parte el ministro Lewis a La Ocho. “Esta persona —agregó— fue encontrada en flagrancia. Después se lo condenó por encubrimiento pero se lo halló en un hecho delictivo, probado, con condena firme. Debía generar políticas para reinsertar a alguien pero se dedicaba a participar de hechos delictivos”.
  Tanto Saccone como Lewis se oponen a que Romano sea reincorporado a la función pública. Sin embargo, aclararon que el Ejecutivo no tiene herramientas para resistir una medida cautelar como la que ordenó suspender la cesantía. “Sin embargo —dijo el fiscal al Uno— vamos a avanzar igual. La sociedad no se puede quedar impávida ante estos casos. Los jueces son funcionarios públicos y sus actos tienen que estar controlados por la sociedad. Y los santafesinos tienen que saber que hay jueces que ponen a convictos a trabajar en el Estado”

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