Podría haber más detenciones en la investigación de una red de trata en el Cordón

La Fiscalía Federal de Primera Instancia de la ciudad de Santa Fe sigue investigando una "red organizada para la captación de mujeres de diferentes edades para su posterior traslado desde la ciudad de Santa Fe hacia Puerto General San Martín y San Lorenzo, con fines de explotación sexual". La causa, que está en el Juzgado Federal a cargo del juez Reynaldo Rodríguez, tiene ya cuatro detenidos y personas prófugas. La investigación continúa y podrían llegar nuevas detenciones y procesamientos.

Entre los detenidos hay un integrante de la policía santafesina, lo cual agrava el cuadro de situación y va en consonancia con la denuncia de Gustavo Vera, titular de la ONG La Alameda, quien se refirió al hecho de que la provincia de Santa Fe es receptiva a la prostitución que se desarticula en otras provincias donde estos delitos se combaten más.

Con órdenes emitidas por el Juzgado Federal Nº 1 de la capital provincial se requisaron personas y vehículos, se realizaron allanamientos, detenciones e intervenciones telefónicas. Como resultado de ese trabajo, el 24 de junio pasado se logró interceptar un vehículo que transitaba por la autopista Rosario-Santa Fe, conducido por una de las cuatro personas que permanecen detenidas: Martín G.

En el interior del auto viajaban también seis mujeres (entre ellas había menores de edad) que iban a ser explotadas sexualmente. Se secuestraron 30 preservativos y un papel con nombres de mujeres y a su costado montos en números, entre otros elementos.

Las víctimas fueron asistidas por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de víctimas de Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Ese mismo día eran detenidas en la ciudad de Santa Fe, Zunilda G. y Mariela S.

Una semana después se ordenó la detención de Rodrigo D., un policía que trabajaba en la Comisaría 5ª de Puerto General San Martín, que se habría encargado de liberar la zona a cambio de dinero.

Roles en la organización. Las cuatro personas detenidas se negaron a declarar desde un primer momento, y el 4 de julio fueron procesadas basándose el fiscal Walter Rodríguez en los testimonios brindados por las seis víctimas y el material surgido de las escuchas telefónicas, a partir de lo cual se probó que Gómez se encargaba de buscar y trasladar a las mujeres, diariamente, desde esta ciudad de Santa Fe hasta Puerto General San Martín y San Lorenzo.

Mariela S. coordinaba el traslado de las mujeres hacia los puntos de explotación sexual y muchas veces las acompañaba durante el trayecto. Una vez allí les asignaba a cada una de ellas un lugar, "una parada", al tiempo que recaudaba el dinero proveniente de la actividad, al finalizar la jornada. Zunilda Guadalupe G. estaba al frente de la organización, captando y recibiendo a las víctimas y coordinando, con la colaboración de Mariela S., su posterior traslado a los diversos puntos de explotación sexual.

El policía Rodrigo D. se encargaba de garantizar "la zona liberada" del territorio donde se concretaba la explotación sexual, lo cual era retribuido económicamente en beneficio propio, valiéndose de su condición de empleado de la Comisaría 5ª de Puerto General San Martín.

Cómo "trabajaban". Según los elementos incorporados a la causa se pudo determinar que las jóvenes explotadas eran trasladadas diariamente desde la zona oeste de Santa Fe hasta las rutas del cordón industrial. Viajaban "camufladas"; es decir, vestidas discretamente, y se maquillaban y cambiaban de ropa en una estación de servicios YPF ubicada en Ricardone.

Entre todas las mujeres debían pagar el "pasaje", cuyo precio fijaba la organización. Si no llegaban a cubrir ese requerimiento en las paradas que les asignaban, eran trasladas a otro lugar "a voltear camiones" (una expresión que usaban para referirse al trabajo sexual en paradores de otras zonas de la provincia) hasta que se produzca dinero suficiente.

Si decidían no "trabajar", se les cobraba igualmente el pasaje del día y se pudo conocer que si el aviso era hecho antes de las 17 horas debían abonar 30 pesos, de lo contrario, el pasaje completo.

Ahora, y en el marco de la misma causa, la Justicia sigue investigando y no se descarta que haya más implicados en esta organización. A partir de eso, se podrían ordenar nuevos allanamientos y detener a más personas, tal cual revelaron al medio sanlorencino SL24 fuentes cercanas a la investigación.