Según Patricio Giusto, director de Diagnóstico Político (consultora privada especializada en el análisis político, económico y social de Argentina y Brasil) en el pasado mes de abril se registraron en el país 670 piquetes, apenas un 2 % más que en marzo pero con un aumento del 45 % en comparación al mes de abril de 2013. La provincia de Buenos Aires fue el distrito más conflictivo: 113 piquetes. Le siguieron Capital Federal (87), Santa Fe (48), Jujuy (45), Neuquén (41), Salta (40), y Entre Ríos (33). Las provincias menos conflictivas fueron San Luis y San Juan, con dos piquetes cada una. El primer cuatrimestre de 2014 registra un alto promedio mensual de piquetes: 571. Ahora bien, respondiendo al pedido realizado a todos los bloques parlamentarios por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias, el diputado oficialista Juan Manuel Pedrini elaboró en el mes de abril un proyecto de ley para reglamentar y regular las protestas sociales. El proyecto generó rechazos en varios sectores e incluso dentro del propio kirchnerismo, principalmente por diferenciar entre manifestaciones “legítimas” e “ilegítimas” y la obligación de avisar 48 horas antes. Por las presiones internas el gobierno se despegó del proyecto y fue el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el encargado de aclarar que “no constituye una iniciativa por parte del Poder Ejecutivo”, y reconoció que los cortes de calles y rutas han generado rechazo y hartazgo en la sociedad. La iniciativa, por algunos llamada “antipiquetes”, parecía quedar congelada pero ahora el gobierno la reactivó y con una particularidad inusual en el estilo kirchnerista: no sería propia del oficialismo sino un texto unificado por consenso con los bloques opositores. Actualmente, se debate una batería de proyectos, del oficialismo y de la oposición, en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, cuya titular, Diana Conti, elaboró con la neuquina Alicia Comelli un texto creando la figura del mediador. Cualesquiera que sean estos proyectos es necesario consensuar alternativas para que las personas que no comulgan con quienes protestan cortando calles o rutas tengan garantizado su derecho a pasar.

Carlos Alberto Parachú
DNI 6.012.558