Los fiscales que impulsaron el juicio por asociación ilícita contra la banda de Los Monos acaban de solicitar el decomiso de siete propiedades y 60 vehículos que se fueron detectando e incautando a lo largo de la investigación judicial como dominios adquiridos a partir de la actividad delictiva de la organización. Entre los bienes sujetos a expropiación en favor del Estado se cuentan la fastuosa quinta de tres hectáreas ubicada en la ciudad de Pérez, viviendas en distintos barrios de Rosario, Funes y Granadero Baigorria, y entre los autos seis de ellos que eran usados con licencia de taxis otorgadas por la Municipalidad. Se trata de posesiones que, según los pesquisas, se adquirieron sin que sus titulares tuvieran registrada actividad económica alguna, con lo que no pueden justificar la posesión de los fondos con las que fueron compradas.
Buena parte de los bienes, como por ejemplo las casas, aparecen asociadas a los nombres que conforman el núcleo jerárquico de Los Monos: Máximo Ariel "Guille" Cantero, hoy preso en la cárcel federal de Neuquén bajo proceso por narcotráfico; el prófugo Ramón Machuca, alias "Monchi Cantero"; y Claudio Ariel "Pájaro" Cantero, asesinado en mayo de 2013 frente a un boliche deVilal Gobernador Gálvez.
Un método eficaz. Este tranco en la investigación dado por los fiscales Gonzalo Fernández Bussy y Carlos Covani es trascendente en tanto supone uno de los modos que las políticas criminales más idóneas reconocen como eficaces para desmantelar una organización: atacar sus bienes.
En la condena aceptada en juicio abreviado a 11 miembros del grupo, que ya está firme, éstos confesaron ser parte de una banda que apela a la violencia sistemática como modo de generar negocios. Y apuntar al producto de esos negocios, o sea al lavado de activos, le quita fundamento a la acción criminal.
El hecho de que detectar el lavado de dinero de esta banda se encuentra en una etapa preliminar ayuda a la investigación. El grupo no puede disimular la procedencia ilícita de esos bienes en tanto no tiene mecanismos que hayan generado la apariencia legal del dinero usado para esas compras. Eso es algo que no se les escapa a los fiscales.
¿Qué dicen los representantes del Ministerio Público de la Acusación? Que el grupo apeló al ocultamiento de las casas y los vehículos comprados apelando a testaferros. Que los bienes sean de una asociación ilícita supone que no serán registrados a nombre de los que están fuera de la ley por lo que no habrá medios documentales que prueben el vínculo entre el delincuente y el bien que detenta. Sin embargo hay algo clave: al momento en que se hacen los secuestros de los bienes, básicamente los autos, eran poseídos por los miembros de la asociación.
Pero hay un indicio contundente que delata que esos autos, motos, lanchas o casas pertenecen a la banda. Y es que una vez que esos bienes fueron secuestrados o embargados, los titulares registrales (ya sea prestanombres o testaferros) jamás solicitaron la devolución de los mismos. Para los fiscales está claro por qué no lo hicieron: no eran los dueños reales de esos bienes.
Para determinar el estado de cada bien los fiscales se apoyaron en un informe de análisis patrimonial minucioso elaborado por la Subsecretaría de Delitos Económicos por entonces a cargo de Margarita Zabalza.
Las casas. En el inventario de propiedades derivado del expediente 913/12, la llamada causa Monos, aparecen las relaciones entre los bienes y las personas conectadas a los miembros más conspicuos de la banda, a veces por lazos de parentesco o allegados probados. El caso más interesante es el de Mariano Ruiz, considerado principal agente de los manejos comerciales de la banda, uno de los que recibió condena firme en el juicio abreviado, a 3 años de prisión.
Entre los bienes inmuebles sujetos a decomiso se encuentra precisamente dos propiedades linderas en Funes que según la pesquisa patrimonial son de Agustín Ruiz, hermano de Mariano: situadas en Gobernador Vera y Mosconi. Los fiscales sostienen que es éste último fue quien adquirió verdaderamente esas casas con los fondos ilícitos de Los Monos y blanqueó así el dinero. De hecho el vendedor de los lotes, Carlos F., explica en la foja 9525 del expediente cómo fue Mariano Ruiz el que compró esos inmuebles.
También va a decomiso la finca de tres hectáreas de Pérez, famosa por las fotos aéreas que publicó este diario y que consta de dos titulares registrales. Una es Vanesa Barrios, la mujer de Guille Cantero, que por inconsistencias económicas no puede justificar la tenencia del inmueble. La otra titular es Mónica Leonor Fernández, prima de Pájaro y Guille Cantero. Los vendedores Enzo G. y Leo R. señalan haberles vendido esta finca a ellas. Los fiscales afirman que el comprador real es Guille Cantero y que del legajo de Delitos Económicos no surge ninguna actividad económica registrada de parte del mismo como para justificar la compra.
Hay una curiosidad: entre los inmuebles con pedido de decomiso hay uno que fue vendido pese a estar con pedido de embargo. Se trata de la casa de Pasco 1018 de Granadero Baigorria donde en 2010 Guille Cantero fue detenido por el crimen de Walter Cáceres, el pibe de 14 años baleado en un ataque a barras de Newell?s que volvían de Buenos Aires en febrero de ese año. La titular registral es Juana Becerra desde septiembre de 2013, pero los fiscales alegan que eso fue un subterfugio para evitar el decomiso del bien. El análisis de Delitos Económicos indica que la casa es de la madre de Vanesa Barrios, mujer de Guille, y que la madre de Vanesa contrató una póliza de seguros para ese domicilio.
También se pide el reintegro al Estado de otras tres viviendas: la de Regimiento 11 y Pueyrredón, que era de Pájaro Cantero, comprado por él el 14 de marzo de 2013, dos meses antes de ser asesinado. Otro inmueble es el lote 4 manzana 37 de Funes, del que consta como titular Monchi Machuca, carente de consistencia económica para comprarlo. La certificación de compraventa de este inmueble fue tramitada un mes después de los amplios operativos de mayo de 2013, en que los Cantero recibieron pedidos de captura generalizados, en favor de una mujer con vínculos probados con los Cantero. Para los acusadores, con el fin de hacer desaparecer a Machuca como dueño y evitar el decomiso.
También se reclama una casa hecha a nueva en Hilarión de la Quintana 1169, cuya titular es Silvana Gorosito, la mujer de Monchi. Por último, otra casa en Granadero Baigorria, en Arenales y Pitágoras, a nombre de la esposa de Guille Cantero.
Los autos. Entre los vehículos cuyo decomiso se pide hay diez Volkswagen Bora, dos BMW, dos Toyotas Hilux, un MiniCooper, dos Audi A4, un Fiat 500, veinte motos de diferentes cilindradas, cuatriciclos, dos lanchas y varias motos de agua.
Lo relevante vuelve a ser la conexión de estos bienes con personas de la banda y el hecho de que sus titulares registrales las dejaron sin reclamar una vez secuestradas. Destacan cuatro vehículos incautados en un garaje de pasaje Casal 3740, en zona oeste. La noche del 6 de junio de 2013 hubo allí un allanamiento para buscar a Guille Cantero, que según un llamado anónimo estaba en el lugar. En ese operativo la TOE encontró al allanar platos con la comida servida, como si los ocupantes del lugar se hubieran marchado súbitamente. Allí se secuestraron una Toyota Hilux (patente GWN 579), un Volkswagen Bora (GTZ 870), una moto Honda CBR sin dominio y un cuatricilo Ghiggeri.
Nadie pidió la devolución de estos vehículos. Al igual que un Volkswagen Bora (LKH 451) secuestrado a una cuadra de allí el 3 de febrero de 2014. El auto era de Natalia Chamorro, hermana de Ema Chamorro, quien está acusado junto a Guille Cantero como autores del homicidio de Diego Demarre.
Son varios los autos registrados a nombres de allegados a Juan Domingo Ramírez, quien está condenado en el marco del juicio abreviado y considerado como mano derecha de Ariel “El Viejo” Cantero. El pedido de decomiso de este lote de bienes fue elevado al juzgado de Sentencia Nº 6 que es el ámbito donde se tramitan los juicios por asociación ilícita contra los acusados de integrar la banda.
Artículo 23
Los fiscales Covani y Fernández Bussy llaman la atención sobre el patrimonio millonario que supone el lote de bienes con pedido de decomiso. Esa valuación para ellos revela el accionar de una asociación ilícita: un acopio de posesiones logradas con ingresos no justificados. Dicen que esos bienes eran poseídos por los miembros de la asociación al momento del secuestro. Y recuerdan que si las personas a las que se atribuye la posesión de esos bienes resultan sancionadas, esos bienes deben ser expropiados según el artículo 23 del Código Penal por estar relacionados con la secuencia de delitos que aún se investigan.
