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Piden saber si se persigue a tuiteros por Campagnoli

El juez Claudio Bonadío recibió ayer una denuncia para investigar si desde organismos del Estado funcionan “redes de espionaje y persecución política”.

Sábado 12 de Julio de 2014

El juez Claudio Bonadío recibió ayer una denuncia para investigar si desde organismos del Estado funcionan “redes de espionaje y persecución política”.

   La presentación fue realizada por la titular de la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia), Silvana Giudici, luego de la polémica abierta por la denuncia que radicó la fiscal de Saavedra María Cristina Caamaño para investigar a tuiteros por hostigamiento cuando defendían al suspendido fiscal José María Campagnoli.

   Giudice reclamó que la Justicia esclarezca si “hay algún funcionario, ya sea judicial, de la Cancillería o del gobierno nacional, que haya convertido una investigación contravencional en un pedido de cooperación internacional”.

   Tras la denuncia que radicó Caamano, se informó que el requerimiento elevado a EEUU para que se identifique a los tuiteros que amenazaron a Caamaño habría salido de un Equipo Especializado en Delitos Informáticos, a cargo de la fiscal Daniela Dupuy. Ayer Dupuy aclaró que ella no había solicitado tal informes. El canciller Héctor Timerman también desmintió haber solicitado esos datos.

   Lo cierto es que la embajada de Estados Unidos en la Argentina recibió el pedido de la Justicia argentina e informó a los investigados, mientras resolvió no hacer lugar a la solicitud cursada porque entendió que el planteo excedía los límites del convenio de cooperación judicial entre ambos países, ya que no se estaba investigando un delito sino una contravención.

   “Si Timerman dice que no tiene nada que ver, entonces ¿quién dio la orden? ¿Cómo salió ese pedido?”, se preguntó luego Giudice.

Reubicación. Paralelamente, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dispuso la reubicación laboral de uno de los principales secretarios del fiscal Campagnoli, que se suma al traslado de otros cuatro funcionarios de esa fiscalía a otros destinos.

   Se trata de Ignacio Rodríguez Varela, secretario de Campagnoli durante 21 años, quien fue traslado a la Fiscalía 16 ante los Tribunales Orales en lo Criminal.

   Gils Carbó fundamenta su decisión en “la existencia de inconvenientes funcionales con parte del personal de la unidad fiscal” que tornaron “inviable una convivencia armónica”.

   Varela ya había advertido que “sin saber cuál va a ser el futuro de Campagnoli” en el juicio que se le sigue por presunto mal desempeño en la investigación sobre el empresario Lázaro Báez, “consiguieron desguazar a su equipo de trabajo”.

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