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Piden más presupuesto para afrontar el creciente consumo de estupefacientes

Distintas organizaciones se reunieron durante tres horas con el vicegobernador de la provincia, Jorge Henn. Las mismas plantearon más articulación entre el Estado y las entidades.

Sábado 29 de Junio de 2013

Tras escuchar durante casi tres horas, el vicegobernador de la provincia, Jorge Henn, dijo haber tomado nota. La necesidad de mayores recursos, tanto económicos como humanos capacitados, y de un trabajo en red que articule los dispositivos del Estado y de las organizaciones sociales fueron los principales planteos que surgieron ayer durante el “Encuentro público-privado sobre adicciones”. La cita fue en la sede local de Gobernación, donde estuvieron integrantes de los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Social y Seguridad, y representantes de asociaciones civiles que trabajan tanto en la prevención como en la asistencia.

   El aumento sin pausa del consumo y la baja en la edad de inicio son datos que las organizaciones civiles vienen planteando hace tiempo, e incluso a comienzo de este año las estadísticas de la Secretaría de Prevención de las Adicciones y lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) dieron cuenta de que el consumo de cocaína se triplicó en la última década entre los estudiantes secundarios de la provincia y el de marihuana creció diez veces.

   Así, ante el crecimiento, las organizaciones volvieron a plantear ayer que la red de contención y atención actual no es suficiente. “Este no es sólo un problema de las ONGs, sino de todo el sistema sanitario, incluido el Estado, que no está pudiendo dar respuesta a la demanda existente”, planteó el titular del Centro Comunitario de Salud Mental “Vínculo”, Horacio Tabares, e hizo hincapié en “la necesidad de recursos humanos capacitados en el abordaje de adicciones, ya sea entre los profesionales de la más alta formación hasta los téncnicos y los operadores”.

   El sacerdote Daniel Señeriz también participó del encuentro y, si bien destacó el trabajo que se lleva adelante desde las organizaciones y desde el Estado, planteó que “con lo mucho que se hace y la buena voluntad, apenas se llega sólo a un sector ínfimo de la población afectada para dar respuesta; en algunos casos se llegan bien y en otros casos se llega tarde”.

   Eso se refleja ten la demanda a las organizaciones y espacios privados y en el sector público, e incluso en la Justicia donde se reciben por día entre uno y tres pedidos de familiares para gestionar internaciones en la salud pública o privada.

Recursos. Si bien Horacio Tabares valoró el sistema de becas y convenios que tanto el Estado nacional como provincial tienen con las entidades, recalcó que “el aporte es exiguo y no permite que las entidades puedan expandirse y dar respuesta a la creciente demanda”, y planteó que “para que la ley de salud mental tenga plena vigencia y brinde cobertura a las personas que sufren el consumo de sustancias, son necesarios recursos”.

   En ese punto, también hizo hincapié Antonio Tesolini, director del Programa Andrés, quien sin medias tintas reclamó “presupuestos adecuados y no profesionales contratados que llevan meses sin cobrar”. En este sentido, enfatizó: “Para construir nuevos dispositivos ante la complejidad de la situación se requieren recursos”, y leyó el artículo 32 de la ley nacional de salud mental aprobada en 2010 y reglamentada en mayo de este año, que establece un aumento progresivo del presupuesto que en un plazo no mayor a tres años debe representar un mínimo del diez por ciento del total destinado a salud. Algo que debe imitarse a nivel provincial.

La red. El desconocimiento del todos los recursos disponibles del Estado y la falta de trabajo en red fue otro de los puntos planteados tanto por las organizaciones como por los propios representantes de los diferentes ministerios del gobierno provincial. La demanda incluso fue hecha ayer por el diputado de la Coalición Cívica-ARI, Ariel Bermúdez, que presentó en la Legislatura provincial un proyecto que busca crear una red de asistencia en el sistema de salud pública, además de un programa para la prevención de adicciones y un observatorio del consumo de drogas.

   También Siñeriz planteó la necesidad de que “esté disponible toda la información sobre los recursos que actualmente la comunidad tiene” y recalcó “la importancia de que se tome conciencia de la magnitud y de la complejidad del problema, y de trabajar sobre un punto fundamental que es el proyecto de vida de estos jóvenes”.

   Para la directora de Salud Mental de la Municipalidad, Débora Daniele, la diferencia en los abordajes es lo que dificulta la tarea en red. Sin embargo, planteó que “se viene trabajando en abordajes que tienen en cuenta la complejidad de la problemática, donde el consumo es sólo una de las cuestiones de salud que muchas veces está en juego, y no centrada sobre la sustancia”.

La profesional destacó que se “ha avanzado mucho en las acciones de prevención inespecíficas, que tienen que ver con actividades recreativas, de encuentro y con propuestas donde los jóvenes puedan fortalecer los lazos”, y planteó que “en los casos de jóvenes que requieren dispositivos de mayor intensidad muchas veces es difícil encontrar espacios donde alojarlos, que funcionen como lugares de inclusión de personas y que no estigmaticen al individuo por su consumo”.

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