Los abogados de Lino Bertuzzi, el hombre de 56 años condenado por ser el "loco de la escopeta" y detenido el 23 de mayo de 2006, cuestionaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia provincial que denegó la excarcelación de su cliente y presentaron un recurso extraordinario ante la Corte Nacional.

José Ferrara y Adrián Ruiz, representantes de Bertuzzi, hicieron la presentación con la aspiración de "revertir la denegatoria" de la Corte santafesina al recurso en queja planteado.

El fallo.La Sala II de la Cámara Penal (Juvencio Mestres, Ramón Ríos y Adolfo Prunotto Laborde) había confirmado la pena a 7 años de prisión impuesta a Lino Bertuzzi por destrozar a perdigonadas la ventanilla de un coche de la línea 107 en el viaducto Avellaneda. Según el fallo, el acusado había cometido el delito con la complicidad de su hermano Alberto, quien fue declarado inimputable.

A pesar de que la Cámara no le adjudicó serialidad al accionar de los Bertuzzi, señaló que las armas halladas en su casa "habrían sido utilizadas para cometer graves atentados a la integridad física de los ciudadanos, arribándose al menos en una de las causas, a una declaración de certeza" de su responsabilidad.

Así, aunque la única acusación que prosperó en contra de los Bertuzzi fue por el ataque al 107, contra ellos recayeron sospechas por otros hechos, entre ellos el ataque a un coche de la 131 que en abril de 2003 provocó la muerte de Florencia Rubino, de 13 años, y una balacera contra un micro de la línea 121 ocurrido el mismo año en Echesortu. Sin embargo, en ambos casos fueron desligados por falta de evidencia consistente.

Testigo. Los Bertuzzi fueron apresados porque el chofer del colectivo 107 vio pasar por la mano contraria al viaducto un camión como el que ellos usaban como fleteros. En la casa de barrio Belgrano de los Bertuzzi se hallaron una escopeta 12.70 con caño y culata recortados, un pistolón calibre 14, una escopeta calibre 12, un revólver 32 y cartuchos iguales a los hallados en el lugar del ataque.

El 28 de septiembre, Lino fue declarado "en condiciones legítimas de salidas transitorias", pero se negó al beneficio porque, según sostiene, "es inocente y saldrá cuando tenga amplia libertad", aseguraron los abogados. Por su parte, Alberto, de 52 años, se encuentra en tratamiento psiquiátrico en una clínica de la ciudad y fue declarado inimputable.