El fiscal federal Jorge Di Lello pidió ayer que el ex jefe de la Policía Metropolitana porteña Jorge Fino Palacios y su entonces segundo, Osvaldo Chamorro, sean enviados a juicio oral por espiar a legisladores de la oposición mediante el sistema Nosis. Esta es una causa paralela a la investigación central por escuchas telefónicas ilegales que tiene como principal imputado al jefe de Gobierno capitalino, Mauricio Macri, y se encuentra a cargo del juez federal Sebastián Casanello.

La solicitud, confirmada por fuentes judiciales, se produjo luego de que hace unas semanas el juez diera por cerrada la investigación y corriera vista a las partes para que opinaran si correspondía enviar el caso a juicio, algo que se descontaba que Di Lello haría en forma afirmativa.

Tanto Palacios como Chamorro están imputados por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y quedaron ahora al borde del juicio.

Los hechos tuvieron lugar cuando ambos acusados tenían el control de la consultora de seguridad privada Security Strategic Consultancy SRL y desde allí utilizaban el sistema Nosis para acceder a información reservada de legisladores opositores, entre ellos Silvia La Ruffa, Diana Maffia y Gonzalo Ruanova, pero también de Patricio Datarmini, dirigente del gremio de empleados municipales.

A Chamorro, incluso, la Justicia lo había investigado por consultar en el Nosis respecto al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero por ese caso concreto fue sobreseído.

Palacios está involucrado en la causa central por escuchas telefónicas ilegales que tiene como principal imputado a Macri y la cual también está camino al juicio oral y público.

Al confirmar el procesamiento de Palacios y Chamorro, la Cámara integrada por los jueces Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero tuvieron en cuenta que en las declaraciones testimoniales tomadas en la investigación se habló de "tareas de inteligencia por razones políticas", "hackeo de mails y espías", y "persecución".

"Esto es indicativo de que el recabar información privada a través de una actividad de inteligencia de este tipo era una parte de la empresa integral de diseño y puesta en marcha de una fuerza de seguridad propia", consideró el tribunal.