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Piden juicio por lavado de dinero y trata con el nuevo sistema penal

El fiscal de la Acusación con asiento en Melincué, Matías Merlo, hará hoy la presentación contra los implicados en la explotación de un prostíbulo clandestino en diche localidad.

Miércoles 03 de Diciembre de 2014

El fiscal de la Acusación con asiento en Melincué, Matías Merlo, presentará hoy un pedido de juicio por el cargo de facilitamiento y explotación económica de la prostitución en el bar La Rueda de esta localidad, con pedido de prisión efectiva para los implicados. También hará lo propio con la causa por lavado de dinero derivada de la investigación por el delito anterior. Ambos casos, juzgados por separado pero a la vez relacionados, son los primeros de su tipo que se abordan en el marco del nuevo sistema judicial de la provincia.

El cabaret fue clausurado definitivamente el 25 de mayo último tras un allanamiento de la Secretaría de Prevención e Investigación de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad santafesino, realizado no sólo en este lugar sino en departamentos privados conocidos como Las Casitas, donde también se explotaba mujeres. Fue en el domicilio del principal investigado, Gustavo L., y en el de su ex concubina, Mercedes B, quienes quedaron detenidos al igual que el encargado del local. Allí había 15 mujeres trabajando (dominicanas, paraguayas y argentinas, una de éstas menor de edad) y se secuestraron 242 mil pesos y más de 700 dólares en billetes; armas de fuego, cartuchos y decenas de celulares, un auto de alta gama, una camioneta y equipos de computación.

No era la primera vez que la Delitos Complejos allanaba el prostíbulo encubierto La Rueda. En julio de 2012 personal de esa dependencia realizó un procedimiento en el local, donde fueron asistidas siete mujeres, cinco de ellas paraguayas y dos de República Dominicana. El local, junto con otro de la zona, fue clausurado y reabierto clandestinamente.

"Durante el año 2013 y 2014, el dueño de la ex Rueda realizó un movimiento de plata de alrededor de 2 millones de pesos mediante la compra de bienes que ponía a nombre de su ex mujer y la madre. Investigamos el movimiento fiscal y vimos que hasta principios del año pasado era normal y de acuerdo a lo que podrían generar sus emprendimientos privados. Después vimos inversiones de entre 1,5 y 2 millones de pesos; algo que no se ajusta a lo que se declara en la Afip", reveló Merlo. En rigor, lo que aparece como sospechoso de lavado es la compra de dos camiones y la construcción de lugares donde funcionaban los privados.

Pese a que la defensa de los acusados planteó la incompetencia de la Justicia provincial y alegó que corresponde que la nacional juzgue en los delitos que se investigan, Merlo pidió y logró que la jueza que entiende en las causa, Andrea Fernández, le otorgue la potestad de actuar en ambos casos. El fiscal fundamentó su que solicitud se debe a que "si bien el lavado de dinero es un delito en este momento considerado autónomo, en este caso el hecho no afecta a la Nación, sino que es meramente local. Además, lo que lo determina son hechos precedentes relacionados con el facilitamiento de la prostitución, que son de índole provincial. De allí que nos compete tomar todas estas causas", explicó a La Capital.

"Es la primera causa que se lleva a cabo con el nuevo sistema judicial en la provincia en el caso de lavado de dinero. Y tengo entendido que también lo es por la causa por explotación y facilitamiento del ejercicio de la prostitución", remató Merlo.

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