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Piden investigar a Gils Carbó por supuesto encubrimiento de Báez

También reclamaron reabrir una causa contra la procuradora por nombramientos irregulares de fiscales ad hoc y subrogantes. Un fiscal federal sospecha que la funcionaria y el juez Casanello ocultaron información en la causa sobre el empresario K.  

Miércoles 29 de Mayo de 2013

La Cámara Federal porteña ordenó ayer reabrir una causa contra Alejandra Gils Carbó por nombramientos supuestamente irregulares de fiscales subrogantes y ad hoc, en tanto que un fiscal pidió investigar a la procuradora general de la Nación y al juez federal Sebastián Casanello por el supuesto encubrimiento del empresario Lázaro Báez en la investigación por lavado de dinero.

La decisión de reabrir la causa contra Gils Carbó fue resuelta por la Sala I de la Cámara Federal al revocar una decisión del juez federal Casanello, quien había considerado que los nombramientos de la procuradora no constituían delito, y es en el marco de una denuncia realizada por el senador de la UCR Mario Cimadevilla.

Casanello había archivado la denuncia pese a que el fiscal federal Guillermo Marijuan había impulsado una investigación en la que a Gils Carbó se le achacaba el nombramiento irregular de varios subrogantes y ad hoc.

El más cuestionado es el de Carlos Gonella, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a raíz de que en una primera intervención en la causa por lavado de dinero decidió no imputar al empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Al mantener la apelación de Marijuan, el fiscal de Cámara Germán Moldes consideró que se debía llevar a cabo una investigación y criticó que Casanello la haya archivado sin antes practicar ninguna medida.

Por otra parte, el fiscal federal Gerardo Di Massi imputó a Gils Carbó y al juez Casanello en el marco de una denuncia que hizo la diputada Elisa Carrió, quien acusó a la jefa de los fiscales y al magistrado de encubrir a Báez en la investigación por presunto lavado de dinero.

Sospecha. La denuncia de Carrió contra Casanello sobrevino luego de que éste se negara a practicar un allanamiento pedido por Marijuan de una baulera en la localidad bonaerense del Tigre, en donde se sospecha se ocultó documentación de La Rosadita, la financiera de Puerto Madero vinculada al caso de lavado.

Además, le reprochó el haberse declarado incompetente en investigar la denuncia que ella hizo por la existencia de una supuesta bóveda en la chacra de Báez en Río Gallegos, la que giró en principio a Santa Cruz.

Asimismo, la acusación que hizo Carrió contra Gils Carbó y Gonella es por la intervención que tuvo el Ministerio Público al comienzo de la investigación contra el empresario santacruceño.

Di Massi le pidió al juzgado federal de Marcelo Martínez Di Giorgi que requiera copia de la causa por lavado de dinero que tiene a cargo Casanello.

Carrió, luego de que Casanello enviará la causa a Río Gallegos, afirmó que la intención del juez busca "encubrir las conductas criminosas que, como se sospecha, vinculan a los imputados con las más altas esferas del Poder Ejecutivo nacional y que incluye a la presidenta Cristina Kirchner".

La legisladora también cuestionó a los fiscales a cargo de la procuraduría antilavado por no haber imputado a Báez cuando se inició la causa, decisión que vinculó con un supuesto pedido en ese sentido de Gils Carbó.

Todas las miradas en la Corte

Ante la avalancha de presentaciones judiciales en todo el país contra la reforma del Consejo de la Magistratura, las miradas están puestas definitivamente en la Corte Suprema. En el máximo tribunal destacaron ayer que intentarán darle una definición “rápida” al debate jurídico porque influye sobre las próximas elecciones. Y destacaron que “el escenario ideal” sería antes del 22 de junio, cuando cierran las listas para las internas. Pero las mismas fuentes no descartaron una “crisis en el proceso eleccionario” si se demora la definición.

“Vamos a resolver muy rápido. Todo dependen por qué vía llegue (puede ser electoral o federal). Ahora se está hablando de una parte de la reforma (por la integración del Consejo). El escenario ideal es resolver antes del 22 de junio”, dijeron ayer en la Corte.

El máximo tribunal de Justicia ya rechazó un planteo del abogado Ricardo Monner Sans para que se pronuncie de inmediato sobre la constitucionalidad de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura que establece, entre otros aspectos, la elección por voto popular de los consejeros.

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