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Piden indagatoria de los ex directores del penal de Coronda en la dictadura

Lo solicitó el fiscal en el marco de la causa Feced. Avanza la investigación por el crimen de Gorosito.

Domingo 15 de Julio de 2012

El fiscal federal Gonzalo Stara solicitó al juez Marcelo Bailaque la indagatoria de Octavio Zirone, Juan Angel Domínguez y Adolfo Kushidonchi, máximas autoridades del penal de Coronda durante la última dictadura, por los hechos de privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados en 33 casos, todas víctimas de la causa Díaz Bessone (ex Feced) que habían sido trasladadas a esa cárcel, tras su paso por el Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de policía de Rosario. En el caso de Zirone, también se solicitó que se lo indague por el homicidio de Daniel Gorosito.

Stara explicó que "en los penales de la dictadura, en especial el de Coronda, se aplicó un régimen pensado para los presos políticos que constituía en sí mismo una sistemática violación de los derechos humanos de los detenidos que concluyó en algunos casos en la muerte de los presos".

En ese sentido, recordó que "se dictaron ordenamientos especiales destinados a endurecer las condiciones de detención imperantes al momento del golpe, que describían metódicamente la forma en que debían ser tratados los presos políticos y sus familiares".

La Fiscalía pidió que se responsabilice a Zirone, Domínguez y Kushidonchi, que ocuparon sucesivamente la dirección del penal de Coronda entre 1976 y 1979, por los hechos de privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados en perjuicio de Ermenegildo Acebal, José Aloisio, Osvaldo Bas y Mansilla, José Berra, Esteban Borgonovo, Juan Pablo Bustamante, Hugo Cheroni, Raúl Chiartano, Carlos Corbella, Marcelo de la Torre, Ernesto de los Santos Ifrán, Adrián De Rosa, Benito Espinoza, José Giusti, Daniel Gollán, Gregorio Larrosa, Felix López, Mario Luraschi, Esteban Mariño, Gustavo Mechetti, Máximo Mur, Eduardo Nassini, Marcos Olivera, Marcelino Panicalli, Gustavo Piccolo, Generoso y Juan Ramos, Angel Ruani, Ernesto Rueda, Adrián Sánchez, Eduardo Seminara, Jorge Ugolini y Alfredo Vivono.

El fiscal remarcó que "todos los detenidos políticos convivían con la certeza de que en algún momento iban a ser llevados a las celdas de castigo, con causa o sin ella, y su destino sería ser sometido a la tortura que ello implicaba". Son numerosos los testigos que en el juicio a Díaz Bessone dieron cuenta de esta situación.

Stara apuntó que la situación de los presos políticos en Coronda no distaba mucho de la realidad en los centros clandestinos de detención: "Déficit en la alimentación, alojamiento en lugares insalubres, torturas a ellos u otros detenidos que eran escuchadas, la incertidumbre sobre su destino, falta de medios para satisfacer las necesidades fisiológicas, falta de atención médica, amenazas de todo tipo", y el hecho de que los miembros de la patota "frecuentara el penal".

El caso Gorosito. La Fiscalía también pidió la indagatoria de Zirone por el homicidio de Daniel Gorosito, el dirigente del PRT-ERP que fuera detenido en enero de 1976 y sacado de Coronda en octubre de ese año, en horas de la madrugada para ser llevado al Servicio de Informaciones, torturado y asesinado.

También solicitó se haga lo propio con los represores José Lofiego, Mario Marcote, José Scortecchini, Ramón Vergara, Lucio Nast, Carlos Altamirano, Julio Fermoselle, Ramón Ibarra, Ovidio Olazagoitía, Diego Portillo, Pedro Travagliante, Ernesto Vallejo, Eduardo Dugour, Daniel González y el sacerdote Eugenio Zitelli, por privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio, todos agravados, en perjuicio de Gorosito.

La Fiscalía sostuvo que "Gorosito fue entregado por las autoridades del penal, y queda claro que Zidone no podía desconocer que Gorosito iba a ser trasladado al SI y que dicho lugar era un centro clandestino, así como la patota debe responder por el homicidio en grado de autores".

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