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Piden impulsar una decena de causas por enriquecimiento de jefes policiales

Lo exige un fiscal de Cámaras de Rosario. Tres investigaciones son de ex titulares de la fuerza provincial: Toledo, Tognoli y Sola.

Viernes 25 de Abril de 2014

La Fiscalía de Cámaras de Rosario ordenó impulsar una decena de causas contra funcionarios policiales con rango jerárquico sospechados de enriquecimiento ilícito, entre los que figuran los tres jefes de la fuerza en la provincia que son antecesores del actual. La orden fue transmitida a la Dirección de Asuntos Internos tras detectarse que en esa repartición figuraban 129 actuaciones, la mayoría inactivas, por el crecimiento patrimonial injustificado de policías. De ese total, cinco causas contra oficiales superiores obtuvieron estado judicial y la investigación de otras siete será profundizada a partir de ahora con acopio de documentación sobre los bienes y la actividad bancaria de los uniformados.

La medida cobra especial trascendencia tras el procesamiento, conocido el miércoles, del ex jefe de la Agrupación de Unidades Especiales rosarino Hugo Giuliano por enriquecimiento ilícito. Las pautas de trabajo en la materia fueron giradas a Asuntos Internos a partir de una serie de instrucciones que a fines del año pasado dispuso el procurador general de la Corte provincial, Jorge Barraguirre. El jefe de los fiscales del viejo sistema penal ordenó entonces que se reactiven las causas de enriquecimiento policial en etapa de investigación administrativa previa al sumario judicial, concentradas en Asuntos Internos.

Esa repartición giró en aquel momento una planilla donde figuraban 129 actuaciones iniciadas desde enero de 2004 a personal policial de distinto rango (desde agentes a jefes de unidad), la mayoría sin avances pese al tiempo transcurrido.

Prioridad. En un informe posterior, la dirección policial precisó que de ese centenar de causas de distinto origen eran 9 las más avanzadas. Tras analizar la lista y a pedido de su superior, el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini le ordenó ahora a Asuntos Internos el seguimiento directo de siete casos que aún no llegaron a la Justicia y que son considerados prioritarios.

Al mismo tiempo Camporini sigue de cerca el avance de otras cinco causas ya judicializadas. Entre esos sumarios figuran los nombres de tres ex jefes de la policía provincial: Osvaldo Toledo, Hugo Tognoli y Cristian Sola. Son los que precedieron en el cargo al actual titular Omar Odriozola.

En procura de datos. Los sumarios en etapa de investigación administrativa en los que deberá poner el acento Asuntos Internos son los que se les sigue a Osvaldo Toledo, Jorge Wollschlejel, David Benavente, Gustavo Spoletti, Ariel Bengoechea, Facundo Lencina y Alfredo Polenta, todos ellos oficiales superiores. El pedido de la fiscalía es que se revise el estado de esas investigaciones preliminares para, a futuro, ordenar la apertura de expedientes judiciales.

El delito de enriquecimiento ilícito prevé esta investigación en dos partes porque el afectado debe tener, primero, la chance de explicar si su aumento patrimonial obedece a ingresos lícitos demostrables. La vía administrativa se agota una vez supervisados los bienes del funcionario y sus familiares cosanguíneos. Si persisten las sospechas, se envía lo actuado a la Justicia.

En estos casos prioritarios, a pedido de la fiscalía, Asuntos Internos deberá pedir informes a la Administración Provincial de Impuestos (API) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) sobre los bienes de esos altos oficiales. También deberá requerir al Banco Central un detalle de las cuentas registradas a nombre de los uniformados. Y consultar en la Inspección General de Personas Jurídicas si forman parte de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. En ese caso, precisar sus cargos y obtener los últimos balances.

Otras medidas que deberá instrumentar la repartición policial son la búsqueda de propiedades de los jefes policiales o sus familiares directos en la Dirección de Catastro y de los vehículos que consten en el Registro de la Propiedad Automotor. Esta documentación deberá ir acompañada de informes de la misma administración policial sobre los sueldos percibidos por los oficiales en sus carreras, a fin de poder comparar sus ingresos con su capital.

Los más avanzados. A estos sumarios previos bajo la lupa de la fiscalía se suman otras cinco causas ya judicializadas por supuesto enriquecimiento ilícito de funcionarios policiales. Entre esos expedientes radicados en Tribunales figuran el de Giuliano, quien llegó a comandar el área de investigaciones de la Jefatura rosarina y que esta semana, en una medida con contados precedentes, fue procesado por el juez de Instrucción Juan Andrés Donnola.

Otro es el que lleva adelante el juez de Instrucción Nº 3, Luis María Caterina, contra el comisario retirado Néstor Arismendi, quien prestó declaración indagatoria en diciembre pasado. El sumario administrativo por el origen de su patrimonio se inició a principios de 2008 y se dio a conocer tres años más tarde, horas antes de que asumiera como jefe de la Unidad Regional II, en el departamento Rosario, cargo que desempeñó por cuatro meses.

Un tercer expediente lo instruye la fiscalía Nº 3, a cargo de Carlos Covani, respecto del ex jefe de provincia Cristian Sola, a partir de una denuncia anónima recibida por el propio Camporini que atribuye a más de una decena de jefes policiales maniobras de enriquecimiento ilícito y conexiones con mercados delictivos.

Los otros mencionados son el ex jefe de provincia Hugo Tognoli, detenido y procesado por narcotráfico; Alejandro Druetta, Fernando Romiti, Jorge Blanco, Marcelo Mendoza y Dardo Saucedo. Sola, además, está siendo investigado por la fiscal Nº 9, Cristina Herrera, por la evolución de sus bienes mientras fue jefe de la Unidad Regional II de Rosario en 2011.

La misma fiscal Herrera sigue de cerca un cuarto sumario contra el ex jefe de la regional de Villa Constitución, Rodolfo Romero, quien está sospechado de ser titular de un hotel en la provincia de Córdoba. Mientras que el fiscal de San Lorenzo Román Moscetta investiga al comisario Daniel Puyol, uno de los máximos jefes policiales de esa regional denunciado por el padre de la joven desaparecida Paula Perassi y dueño de una empresa de transporte.

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