El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) pidió ayer el procesamiento del ex presidente Fernando de la Rúa por el homicidio culposo de cinco personas durante la brutal represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, en la antesala de la caída de su gobierno.
El organismo de derechos humanos, patrocinando a familiares de las víctimas, solicitaron a la Cámara Nacional de Casación Penal que se revoque el sobreseimiento de De la Rúa, sea procesado y llevado a juicio oral por los asesinatos y los más de 100 heridos en los luctuosos hechos del Diciembre Negro.
El ex presidente no asistió a la audiencia ya que, si bien no estaba obligado a hacerlo, tampoco podía porque estaba ese momento en el juicio oral por sobornos en el Senado de la Nación.
El abogado defensor Miguel Angel Almeyra pidió en cambio mantener el sobreseimiento de De la Rúa, al que se acusa por homicidio y lesiones varias culposas.
El abogado querellante Rodrigo Borda (del Cels) cuestionó que el entonces presidente haya fijado el Estado de Sitio, lo que derivó en la represión policial.
En su alegato, la querella sostuvo que más allá de delegar facultades, el ex presidente tenía la "facultad de control" sobre el accionar policial y la represión en esas jornadas en las inmediaciones del Obelisco y la Plaza de Mayo.
"De La Rúa tenía especial deber de control, decir que no es decir lo contrario a lo que establece la Constitución Nacional", argumentó Borda, patrocinando a las familias de dos de los asesinados ese día: Gastón Riva y Diego Lamagna, y al herido Jair Pérez Gorospe.
"Tenía cuanto menos la obligación de controlar el accionar de la Policía", dijo el letrado del equipo jurídico del Cels, quien catalogó luego de "lamentable" la ausencia en la audiencia del fiscal de Casación Ricardo Wechsler.
En ese sentido, sostuvo que fue una "decisión anómala" la de imponer el Estado de Sitio, y remarcó que De la Rúa no consultó sobre ello al Congreso de la Nación.
"Fue un error jurídico de la Cámara eximir de responsabilidad a De La Rúa y lo que no puede sostenerse es que el entonces presidente no tenga entre sus funciones controlar cómo la policía detenía personas a disposición del PEN" en el marco del Estado de Sitio impuesto sin intervención del Congreso, afirmó Borda.
Por su parte, los defensores de De la Rúa, Miguel Almeyra y Zenón Ceballos, reclamaron que se confirme el fallo de la Sala II de la Cámara Federal porteña que ratificó el sobreseimiento del ex presidente.
Almeyra sostuvo que el entonces presidente recién se enteró de las muertes e incidentes a las 16 del 20 de diciembre de 2001, a pocas horas de disponer su renuncia.
Según indicó, había una "limitación" en consultar al Congreso de la Nación porque estaba en sesiones extraordinarias.
Derrumbe. De la Rúa "intentaba salvar las instituciones, la República se derrumbaba", argumentó su abogado.
Además, el letrado del ex mandatario justificó que la responsabilidad culposa "debe tener un límite, no es posible llegar al infinito", basándose en jurisprudencia.
Almeyra recordó que De la Rúa pasó por todos los estadíos procesales posibles en la causa que ya lleva diez años, fue procesado, se le dictó la falta de mérito y luego sobreseído.
Ahora, los jueces de la Sala I de la Cámara de Nacional de Casación Penal Eduardo Riggi, Raúl Madueño y Luis María Cabral, deben fijar la fecha en darán a conocer su decisión.
En la causa, ya fueron enviados a juicio oral Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad; Rubén Santos, ex jefe de la Policía Federal; Raúl Andreotti, ex superintendente de Seguridad Metropolitana de esa fuerza; y Norberto Gaudiero, ex director general de Operaciones.
Este proceso oral aún no tiene fecha prevista de inicio, aunque fuente tribunalicias estiman que podría comenzar el año próximo.
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