Referentes de organizaciones sociales, concejales y funcionarios volvieron ayer a reclamar la declaración de emergencia pública en materia de niñez y juventud, con el objetivo de priorizar y destinar mayores recursos a las políticas sociales promotoras de derechos. Durante más de dos horas en el hall central del Concejo Municipal se escucharon crudos análisis sobre la situación de niños y jóvenes, se consideró como "una epidemia" al avance de organizaciones delictivas en los barrios y se insistió sobre la necesidad de pensar nuevas formas de intervención.
La jornada de debate fue convocada por la concejal electa por el Frente Social y Popular, Celeste Lepratti, con el objetivo de poner en agenda otros temas dentro del Palacio Vasallo.
El proyecto de declaración de emergencia en materia de niñez y juventud se presentó a fines del año pasado, impulsado por la Asamblea por los Derechos de las Niñez y la Juventud que reúne a unas catorce organizaciones no gubernamentales que trabajan en los barrios.
La iniciativa no prosperó en el Concejo Municipal. Sin embargo, desde entonces, tampoco cambió la situación que atraviesan los menores, sobre todo los que viven en las zonas más vulnerables.
Más bien, advirtieron, sobre el crecimiento de situaciones de violencia y vulneración de derechos que los tienen como víctimas.
"La declaración de emergencia es una herramienta que demandan las organizaciones que trabajan con estas poblaciones. Y no puede esperar, es urgente y es ahora que los chicos la necesitan", advirtió Lepratti, organizadora del debate que sentó a la mesa a referentes de la Iglesia, las organizaciones sociales y el Estado.
Del debate participaron también Luciana Escobar, la hermana de Pichón, el empleado municipal golpeado por un patovica a la salida del boliche La Tienda el 14 de agosto pasado y hallado una semana después sin vida en el río Paraná, y Juan Ponce, el hijo de la militante Mercedes Delgado, la militante social asesinada en barrio Ludueña en enero de 2013.
Una oportunidad.El sacerdote Edgardo Montaldo, histórico referente de barrio Ludueña, fue el encargado de abrir la discusión. Con más de 48 años de trabajo en ese sector del noroeste rosarino, el cura advirtió que la presencia de bandas delictivas, relacionadas con la comercialización de drogas, marcó un antes y un después para el desarrollo de políticas sociales.
"Engañan a los chicos, les ofrecen vivir en un búnker de felicidad, a través del robo, la droga, las armas y la violencia", sostuvo y consideró el avance de estas redes "como una epidemia".
Aún así, consideró que "hay que darles oportunidades a los pibes, las van a agarrar" y pidió mayor presupuesto y trabajo conjunto "para que los sacerdotes no tengamos que hacer milagros para salvar a los chicos".
Oscar Lúpori, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, consideró oportuno hablar de epidemia y advirtió que los jóvenes son mayoría en la población carcelaria y entre las víctimas de muertes violentas. Aún así, refutó con énfasis la idea de que la situación se deba a la ausencia de instituciones del Estado.
"Hay leyes nacionales y provinciales, secretarías y defensorías. Somos muchos los que trabajamos con niños, niñas y adolescentes, familias, organizaciones, escuelas, centros de salud, clubes. Pero, hay que ser profundamente realistas, en lugar de ir frenando este proceso, nos va corriendo a nosotros. No hemos dado en la tecla sobre cómo enfrentar esta situación de crisis", interpeló.
En la comunidad. El subdirector de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia, Gustavo Lorenzo, expuso algunos de los problemas con los cuales deben lidiar las políticas sobre la infancia.
Consideró algunos temas como los presupuestos asignados, los marcos normativos o las dificultades de articulación entre diferentes niveles o poderes del Estado, pero sobre todo advirtió sobre la inconveniencia de "pensar los derechos del niño aislado, sin considerarlo como parte de una familia o una comunidad" y subrayó la necesidad de armar estrategias más globales de intervención de las políticas estatales.
"Tenemos que evaluar los contextos en los cuales los adultos cuidan a los niños".
Fue Facundo Peralta, referente de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, el encargado de exponer las consecuencias de lo que señaló como un "fárrago de fracasos": de los 203 homicidios registrados este año, en más de la mitad las víctimas fueron menores de 25 años. Y, entre los menores de 25 años, todos vivían en barrios populares.
