El juicio oral y público contra seis personas detenidas en 2008 al ser desbaratadas las primeras cocinas de cocaína en Rosario cerró ayer en los Tribunales Federales con los alegatos de las partes, enfervorizados pedidos de las defensas para que se anule el proceso y la perspectiva de altas condenas si prospera el pedido del fiscal Marcelo Degiovanni, quien pidió 12 años de prisión para tres de los imputados y 10 para otros dos.
  Las severas penas requeridas por el fiscal contrastaron con el unánime pedido de las defensas para que se anule el trámite penal por irregularidades en la pesquisa policial y en el juicio. Los abogados objetaron que la investigación se haya iniciado con la declaración de un testigo de identidad reservada que sería pareja de uno de los implicados. En forma coincidente, pidieron la absolución de sus clientes por cuestiones técnicas o falta de pruebas. Hoy a las 17 se conocerá el veredicto.
  En el juicio se ventiló un operativo del 29 de mayo de 2008. La policía informó entonces que en diez allanamientos se habían desmantelado dos cocinas de cocaína, secuestrado 30 mil pesos en efectivo y ocho armas de fuego. El procedimiento principal fue en Fragata Sarmiento 3348, donde encontraron siete kilos de cocaína en grano y en polvo, precursores químicos, botellas de éter y elementos para el corte. En San Lorenzo al 8500, en el barrio Los Gráficos, también se halló una cocina: 3 kilos de cocaína en panes, precursores químicos, cintas de embalar y una balanza.
  Seis fueron los detenidos ahora acusados ante el Tribunal Oral Federal Nº 2, integrado por Omar Digerónimo, Ricardo Vázquez y Santiago Harte. Son Marcelo Sessia, sindicado como jefe de la organización; Juan Romero y Jorge Selerpe, acusados de cocinar la pasta base; María Isabel Marín, de tener la cocina en su casa; Hernán Batalla, de comercializar droga, y Fabián Rebolledo, de integrar el grupo. La imputación judicial es genérica para todos: tráfico de estupefacientes cometido por tres o más personas.

El eje en las escuchas. En su alegato, el fiscal Marcelo Degiovanni solicitó ayer penas elevadas para cinco de los acusados, a quienes les imputó la figura penal de fabricación, elaboración y venta de estupefacientes, agravado por la actuación de tres o más personas. Para Sessia, Selerpe y Romero pidió 12 años como principales referentes de la organización. Para Marín y Rebolledo, 10 años de cárcel en su calidad de partícipes. Para Batalla solicitó 4 años de prisión ya que consideró que tuvo una colaboración secundaria. Batalla es el yerno de Romero y está en libertad.
  El fiscal detalló que la pesquisa se inició cuando una persona con identidad reservada denunció en la comisaría 8ª a personas vinculadas con el tráfico de drogas. “Explicó con detalles los lugares donde se movían los sospechosos y las formas como concretaban sus actividades ilícitas”, indicó. A raíz de esta información, agentes de la ex Drogas Peligrosas iniciaron una investigación y se realizaron escuchas telefónicas. El fiscal recordó que en uno de esos contactos se escuchó que Selerpe le dijo a otra persona “estoy secando” y que su interlocutor le respondió: “Sí, lo estoy esperando, está vendido”.

Nulidades en masa. Por la tarde, a su turno, los defensores atacaron el modo como se inició la investigación y señalaron que ciertos vicios contaminaron las pruebas posteriores. Objetaron que todo comenzara con la denuncia de un testigo de identidad reservada. Dijeron que esa reserva debe sostenerse ante un “peligro cierto” que no fue demostrado en el caso. Y que la imposibilidad de interrogar al testigo privó a las partes del control de la prueba.
  También cuestionaron que la reserva de identidad fuera declarada por la fiscalía cuando, según plantearon, es una atribución del juez instructor. Le reprocharon al tribunal que le permitiera no declarar en el juicio a la ex pareja de uno de los detenidos que, suponen, sería la denunciante que dio origen a la causa. Y atacaron el agravante por la participación de tres o más personas, organización que —remarcaron— no fue probada.
  Las defensas plantearon que todo esto afectó la imparcialidad de los jueces, el derecho a un debido proceso y a la defensa en juicio. Por eso pidieron la nulidad del juicio, lo que acarrearía la absolución de todos los acusados. El enérgico reclamo se hizo oír en cada uno de los defensores, que hicieron reservas para acudir a la Cámara de Casación en caso de ser denegado su pedido.
  También criticaron las escuchas telefónicas por haber sido ordenadas sin más justificación que dos actas policiales. “Nuestra hipótesis es que esta investigación se inició ilegalmente. Para este tribunal el fin justifica los medios y así no sirve. La policía quizá no tiene malos datos. Lo que tiene es una forma inmunda e ilegal de llevar a cabo sus investigaciones. Y siempre se los termina apañando. Si se hicieran las cosas bien, media ciudad estaría presa, incluidos algunos policías. Hay que educar a la policía para que haga las cosas bien y ustedes son los encargados de ponerle el límite”, le dijo al tribunal la defensora de Selerpe, Nora Gaspire, .

Uno por uno. Respecto de Sessia, el abogado Fausto Irure reclamó la absolución de su cliente por falta de pruebas o, en caso de ser condenado, que le apliquen la pena mínima de 4 años de prisión. Para Romero la defensora Susana Zulkarneinuff también solicitó la absolución.
  La abogada Gaspire, quien representa a Selerpe junto a Marcelo Piercecchi, dijo que “ninguna prueba acredita su participación” a excepción de partes de inteligencia. Para condenarlo, dijo, “hay que manejarse creyéndole a la policía, que no goza de una presunción de veracidad”. Pidió la absolución o la pena mínima.
  Marín, ex pareja de Selerpe, fue detenida en el operativo realizado en Fragata Sarmiento 3348. Cuando fue atrapada, según declaró en el juicio uno de los policías, exclamó: “Yo me hago cargo de esta gilada. Yo cocino”. Gaspire enfatizó que nada prueba esos dichos y solicitó su absolución o que le impongan 3 años en suspenso por facilitamiento de lugar.
  En cuanto a Rebolledo, Adrián Ruiz y José Ferrara, remarcaron que no fue nombrado por la denunciante del caso. Reclamaron la absolución o una pena de 2 años en suspenso como partícipe secundario.