La fiscal Adriana Saccone requirió ayer penas de prisión para siete de los imputados de integrar una banda dedicada a la elaboración, distribución y comercialización de estupefacientes desbaratada en 2009. En tanto, solicitó la absolución de otro de los acusados ante la ausencia de evidencias para incriminarlo. Fue en el inicio de los alegatos del juicio que se realiza desde hace un mes en los Tribunales Federales.

La responsable de la acusación solicitó 9 años de prisión para Norma Acosta, Elba Cuello y Ariel Maidana en calidad de coautores de tenencia y preparación de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas. Pidió 8 años para Analía Natalia Albornoz, Juan Giménez y Juan Carlos Borini por la misma figura penal. Para Oscar Gregorio Caminos requirió una sanción de 8 años y 6 meses pero en calidad de partícipe necesario y falsificación de DNI. Para Vilma Quiroga pidió un año y seis meses de prisión efectiva por la tenencia ilegítima de un DNI y para José Rodríguez la absolución ya que, según dijo, no fue mencionado por los testigos en el debate ni en la pesquisa policial.

El juicio iniciado el 27 de junio es el corolario de una investigación que originó 22 allanamientos y varias detenciones en junio de 2009. Cuatro años después ocho personas llegaron al juicio acusadas de integrar una organización narco comandada por Arturo Carau Quevedo, asesinado en octubre pasado.

Registros.En su alegato, Saccone sostuvo que la acusación quedó corroborada a partir de la investigación "detallada y precisa plasmada en registros fotográficos y fílmicos" realizados por los efectivos de la ex Drogas Peligrosas. También se basó en las escuchas telefónicas de algunos de los imputados. Recordó que la pesquisa se inició luego de una "información de calle" que obtuvo el comisario Gustavo Spoletti, por entonces jefe de Inteligencia Zona Sur de la ex Drogas Peligrosas. "Esa información decía que un hombre llamado Omar y una mujer conocida como Marisa vivían en una casa de Morales al 3400 donde vendían droga". Esas personas fueron identificadas después, según la fiscal, como Jesús Omar Saboldi y María Isabel Albornoz, ambos prófugos.

La fiscal, además, hizo una detallada exposición de la supuesta vinculación que unía a los imputados en la comercialización de la droga incautada. Recordó cómo se contactaban en diferentes domicilios para recibir y luego entregar los estupefacientes. Y puso de relieve el resultado de las intervenciones que se realizaron a los teléfonos de los imputados.

Nulidad. Tras un cuarto intermedio, en horas de la tarde la abogada Nora Gazpire, en representación de la acusada Elba Cuello, pidió la nulidad de todo lo actuado y como consecuencia la absolución de su clienta. Para la profesional, las escuchas al teléfono de Cuello como a los de los otros acusados "fueron hechas sin autorización judicial previa", los allanamientos "no se realizaron de acuerdo a lo establecido por la ley" y las actas policiales que sostienen la causa "están mal confeccionadas". Asimismo, la abogada planteó que Cuello iba a la casa de Norma Acosta "no para buscar drogas sino para ver a sus nietos".