La querella que representa a la familia de Lucas Menghini Rey, uno de los 51 muertos de la tragedia de Once, pidió ayer 15 años de prisión para los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y 18 años para el ex dueño de TBA, Sergio Claudio Cirigliano, por "estafa" y "descarrilamiento culposo".

En contraste con las otras dos querellas que el lunes solo pidieron la prisión para el motorman Marcos Antonio Córdoba, uno de los abogados de la denominada querella número 3, Leonardo Menghini, consideró que los 29 acusados son responsables de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".

El letrado consideró que todos "tuvieron por su acción o por omisión el dominio del hecho ocurrido el 22 de febrero de 2012", en la estación terminal de la línea Sarmiento.

Menghini afirmó que Schiavi y Jaime "eran funcionales a la actividad económica de TBA" porque había "falta de control por parte de los funcionarios que debían controlar".

Destacó que "a Cometrans (empresa encargada de los controles) le pagaban por un servicio que no cumplía", por lo que consideró que "el Estado financiaba las ganancias de Cometrans y esto lo sabían todos los funcionarios".

A propósito de adónde se desviaban los fondos que recibía TBA en concepto de subsidios, el abogado señaló que la empresa "patrocinaba un auto de Turismo Carretera de uno de los directivos del grupo, pagaba vuelos privados en Bayres del Sur, y pagaba la obra social de un hermano de los Cirigliano, la señora y los hijos".

Lelia Leyva, otra abogada de la querella 3, denunció que los acusados en el juicio "arreglaban" con testigos sus declaraciones "en el baño de caballeros" de los tribunales de Comodoro Py.