Las declaraciones del ex gobernador de nuestra provincia, jefe del partido socialista y precandidato presidencial, Hermes Binner, cuando dijo “ el que quiera drogarse que se drogue”, son funestas. Con el mismo criterio podría decirse “el que quiera emborracharse que se emborrache” y otras máximas similares. Con esos dichos que corroboran su postura a favor de la despenalización de la droga no sólo despierta suspicacias dado que robustecen la teoría de la complicidad o pasividad del gobierno provincial con el narcotráfico y la corrupción policial sino que además desnuda el funesto error conceptual en que incurren los progresistas – de distintos partidos– que para afrontar el flagelo de la adicción propugnan despenalizar el consumo de drogas. En su impotencia o falta de voluntad para combatir el narcotráfico pretenden poner el caballo detrás del carro. El adicto se droga porque hay producción, promoción y tráfico de drogas. Y no porque esté vedado su consumo. Con la despenalización se aumenta la tolerancia social, se facilita el contagio y el consumo. El adicto no es totalmente inocente, ya se lo considere un delicuente menor (infractor) o un enfermo; objetivamente es un trasgresor que con su actitud sostiene al narcotráfico y brinda ejemplo negativo. Es un encubridor del traficante. Por su vicio si no lo deja en el mejor de los casos se enfermará y en el peor caerá en la delincuencia violenta para proveerse o bien potenciará su agresividad si ya era delicuente. En todos esos casos con altos costos sociales. El modelo a seguir no es el de Holanda que propugna Binner, que es acotado y está incluso en retroceso y se asemeja a los denostados paraísos fiscales, sino el de Singapur, que con su política de mano dura, de voluntad política contra la droga –con profusión de penas de muerte– está prácticamente libre de drogas. Por supuesto, hay que hacer prevención sobre las personas susceptibles a caer en la drogadicción. E intentar rehabilitar a los adictos. Al respecto pregunto: ¿qué campañas educativas sistemáticas, generalizadas y persistentes sobre las drogas hacen los gobiernos? ¿qué establecimientos oficiales existen o se han creado para tratar a los adictos? O nuestros políticos son cómplices del narcotráfico que tal vez financia sus campañas a semejanza de lo ocurrido en otros países, por ejemplo en Italia, con el contubernio durante años entre la democracia cristiana y la cosa nostra con el pretexto de frenar al comunismo? Dios nos libre de que ganen las próximas elecciones los que propugnan falsos remedios que potenciarán en vez de curar la enfermedad, el flagelo de la drogadicción.

Raúl Miguel Ghione
DNI. 6.033.754