La investigación del asesinato del agente Emanuel Del Mastro derivó en el pase a disponibilidad de tres policías de la comisaría 1ª que, según las actuaciones efectuadas a raíz del hecho, se desempeñaban como custodios de burdeles situados en inmuebles del área céntrica de Rosario.

Con la medida dispuesta por el jefe de la Unidad Regional II, los empleados que recibieron tal recriminación suman cuatro: el primero había sido el jefe de la seccional al momento del homicidio, Marcelo Albornoz. El inspector de la zona, Nelson Inneco, fue relevado pero no pasado a disponibiilidad.

Entre los tres policías que fueron separados del cargo y puestos en disponibilidad se encuentra el suboficial Miguel V., quien era la persona que imprevistamente dejó el servicio irregular de vigilancia en el prostíbulo de Mendoza 909 el pasado 18 de junio, lo que motivó su reemplazo por Del Mastro, asesinado esa noche. El mismo destino corrió otro suboficial de la 1ª, Javier U.

El tercer policía que recibió idéntica sanción es el centro de una singular historia reciente que la pesquisa del crimen de Del Mastro, según un vocero con acceso al sumario, emergió a la luz. Este efectivo es Marcos V. Y su conducta no sólo quedará en una foja administrativa: acaba de ser denunciado a la Justicia por falsa denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Dos veces. Según la denuncia sustentada en testimonios tomados en el marco del crimen de Del Mastro, en el trámite de la pesquisa surgió que Marcos V. denunció, en el lapso de 70 días, la sustracción de su arma reglamentaria, lo que llamó la atención de sus superiores.

La primera vez que le robaron el arma, plantean los encargados del sumario, fue en un episodio en apariencia real. Ocurrió el 2 de abril pasado en un burdel en jurisdicción de la comisaría 7ª donde Marcos V. hacía un servicio ilegal de custodia. Esa noche la casa de citas fue blanco de un asalto que quedó denunciado y por el que testificaron las meretrices que allí reciben clientes. El policía Marcos V. admitió que estaba allí y que también fue víctima de los asaltantes, que sustrajeron su pistola 9 milímetros.

Fuentes cercanas a la Jefatura de Policía destacaron que la superioridad de este agente dispuso reponer su arma en virtud de que, según la denuncia, la había perdido en un ilícito.

Pero el 9 de junio pasado Marcos V. dio cuenta a la policía que su nueva pistola también había desaparecido con motivo de un robo. Denunció en la comisaría 11ª que le habían robado el arma durante un asalto en plena calle, en Lamadrid y Alice.

Desde la Jefatura habrían establecido la supuesta falsedad de su planteo, por lo que el agente Marcos V. terminó con una presentación judicial por falsa denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público

La muerte en imágenes. El crimen fue a las 23.30 del jueves 18 cuando en la casa de planta alta conocida como "Paraíso Real", de Mendoza 909, cinco chicas esperaban clientes bajo la custodia de Dal Mastro, de 26 años. Entonces dos individuos se anunciaron en el portero eléctrico y subieron hasta un hall. Todos sus movimientos quedaron registrados por cuatro cámaras de video.

Una de ellas muestra el momento en que el hombre que subía las escaleras en primer término gira para ingresar en una habitación, se da vuelta y ejecuta al policía de tres tiros.—

Tras ello los delincuentes bajaron. Volvieron a subir porque la puerta de calle sólo se abre al accionar el portero eléctrico. En esa situación el cómplice del ejecutor material del crimen se alzó con la billetera de una de las alternadoras del lugar, en la que había 1.200 pesos en efectivo, además de un teléfono celular.—

Fuentes de la investigación aseguraron ayer que los dos individuos están plenamente identificados. El portavoz del caso sostuvo que además del reconocimiento por las características físicas, el tipo de antecedentes delictivos y el modus operandi que acreditan ambos refuerzan la idea de que son las personas buscadas

Además del impacto propio de la ejecución a sangre fría, el caso derivó en escándalo al exponer la tolerancia policial a la actividad a cambio de financiamiento por parte de los dueños del negocio.