Ante el pavoroso incremento de la inseguridad, el anunciado refuerzo del número de policías en nuestra ciudad es positivo pero insuficiente ya que no basta con reforzar el factor policial. La seguridad depende de la policía, la Justicia, las políticas de los gobiernos, las leyes y las características de la sociedad. Si falla cualquiera de esos componentes hay inseguridad. Es común que los policías achaquen el auge delictivo a la permisividad de la Justicia, los jueces a su vez se quejan de la incompetencia policial y dicen que están limitados por leyes garantistas. Los ejecutivos y legisladores por convicción o mezquinos cálculos políticos y demagógicos están influidos por las teorías progresistas que hacen una torcida interpretación de los llamados derechos humanos y además actualmente el Congreso es una mera escribanía del gobierno. Con bastante fundamento se califica a la policía de corrupta e incompetente. Pero la corrupción y la desmoralización policial no disminuirán mientras la policía no perciba salarios dignos, se frustre ante la evidencia de que los delicuentes que individualiza y detiene son luego liberados por la Justicia y además muchos ciudadanos estén dispuestos a coimear, a dejarse atropellar o no colaboran efectuando las denuncias de los delitos que conocen o son reticentes a testimoniar y a reconocer delincuentes. Asimismo, la ciudadanía no podrá confiar en la Justicia mientras ésta no cuente con la infraestructura necesaria tanto en recursos humanos como materiales para que las causas no se paralicen o eternicen (es responsabilidad de los ejecutivos proveer esos elementos) y mientras los operadores jurídicos estén influidos por doctrinas que favorecen a la delicuencia, por la aplicación extrema del dogma y muchas veces ficción jurídica de la presunción de inocencia. Es inadmisible que por laxas leyes procesales provinciales sea una puerta giratoria la instrucción penal ya que los sospechosos pese a sus antecedentes o serios indicios que hubiere en su contra son excarcelados contra una simple promesa en lugar de fianzas efectivas, reales, como ocurre en Estados Unidos. Es una aberración que no exista un registro nacional de huellas digitales y otros datos genéticos, ADN, que remplace o complemente los provinciales Y urge reformar la nefasta ley nacional de ejecución penal que en la práctica funciona frustrando que los delicuentes cumplan con la totalidad de su condena, ya que con todo un mecanismo de libertades o anticipadas salidas transitorias muchos malhechores reinciden y están entre nosotros cometiendo sus atropellos en vez de estar guardados para protección de la sociedad. En síntesis, la seguridad se mejora actuando en diversos frentes y la responsabilidad principal es de los políticos. Y también de todos nosotros, que al votar debemos elegir bien a nuestros gobernantes.

Raúl Miguel Ghione DNI 6.033.754