En una declaración conjunta del comité y la convención nacional, la Unión Cívica Radical (UCR) ratificó ayer su rechazo a la reforma judicial que impulsa el gobierno y dijo que la presidenta Cristina Kirchner "desearía clonar a (el juez) Norberto Oyarbide para todas las causas que la incomodan".

"La Justicia necesita modernizarse y estar más cerca de la gente. Pero el gobierno lo único que quiere es subordinarla para salvar a sus funcionarios sospechados de corrupción como (Amado) Boudou, (Ricardo) Jaime y (Juan Pablo) Schiavi; para no pagarles los juicios a los jubilados o para que la Corte Suprema sea funcional a sus intereses", dijo la UCR.

Según señaló el partido, la presidenta "desearía clonar a Oyarbide para todas las causas que la incomodan y que nadie la controle ni limite su poder".

"Ya lo demostró al intentar colocar funcionarios complacientes en organismos de control, incluso a pesar de su evidente incompetencia, como el caso de (Daniel) Reposo. O volviendo inoperantes la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Defensoría del Pueblo, que aún sigue vacante", subrayó el radicalismo.

En una declaración firmada por el titular del comité, Mario Barletta, y la jefa de la convención, Lilia Puig de Stubrin, la fuerza sostuvo que a la presidenta "tampoco le interesa alcanzar una mayor transparencia porque impide que se trate la ley de acceso a la información pública, y aún no explica cómo incrementó su patrimonio de manera exponencial en la última década".

De manera formal y orgánica, el radicalismo salió de esta manera a cuestionar los cambios que propone impulsar desde el Congreso la presidenta y que anunció largamente el viernes, cuando abrió el período de sesiones ordinarias en el Parlamento.

Desde ese momento varios referentes partidarios habían salido a criticar algunos aspecto que señaló Cristina en su discurso, aunque algunos dirigentes radicales, como el senador mendocino Ernesto Sanz, habían planteado conformidad en algunos de sus puntos, pero que desconfiaban de la intencionalidad del gobierno en las reformas que propone para "democratizar" al Poder Judicial. En el mismo sentido se había pronunciado el diputado Ricardo Alfonsín.