El juez federal Norberto Oyarbide procesó a 17 empresarios farmacéuticos, cinco de los cuales quedaron detenidos, en una causa vinculada a la investigación por la “mafia de los medicamentos”. Se trata de la parte de la pesquisa que investiga las operaciones de la droguería Arcasel, sospechada de comercializar remedios adulterados, robados y falsificados que iban a destinados a pacientes con cáncer o sida.
  El juez Oyarbide dictó procesamientos por asociación ilícita y comercialización de remedios adulterados para 17 personas, cinco de las cuales deberán permanecer detenidas porque la medida incluyó la prisión preventiva.
  Se trata del empresario Ricardo Bruno, quien está sindicado como el jefe de la organización, y sus supuestos cómplices Vanina Postigo, Rosendo Torrent, José Sraer y Fabio Ferreyra.
  Estos procesamientos surgieron luego de 53 allanamientos ordenados por el juez un mes atrás en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Salta, por el expediente “Arcasel s/envenenamiento en aguas medicinales”.
  En los procedimientos se allanaron depósitos con remedios oncológicos vencidos y se encontraron más de 6.300 troqueles correspondientes a envases de medicamentos.
  Incluso, en aquel momento el juez Oyarbide dispuso la intervención de la Obra Social de Conductores de Remises, Autos al Instante y Afines (Oscraia) donde se secuestró documentación sobre la compra de remedios.
  Según la sospecha, la organización tenía diferentes formas de apropiarse de remedios “truchos”: vendían placebos o remedios aguados y compraban a piratas del asfalto o se apoderaban de remedios de entrega gratuita a través de médicos cómplices que recetaban a pacientes que no los necesitaban.
  La supuesta banda estaría liderada por un comerciante, Bruno, que tenía nexos con farmacéuticos, médicos e imprentas, según sospecha la Justicia.
  En la investigación Oyarbide contó con la colaboración del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), que también hizo una investigación administrativa: a través de la pista de un remedio oncológico falso detectado en Salta se pudo saber que el producto formaba parte de una partida de ayuda social salida del Ministerio de Salud que había ingresado al mercado.
  Las maniobras asentadas en este expediente forman parte de la megacausa de los medicamentos por las que están presos desde hace un año el secretario general del gremio bancario, Juan José Zanola, y el titular de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo, entre otros.
  Ellos están procesados como jefe de la banda por la que hay procesados (presos, excarcelados o sin prisión preventiva) y hay decenas de otras acusadas de participar en las maniobras que involucrarían a medio centenar de obras sociales.

Uno proveía a Moyano. En ese marco, el juez Oyarbide procesó a Marcos Hendler, dueño de la droguería Urbana y principal proveedor de Oschoca, la obra social de los camioneros, del líder de la CGT Hugo Moyano.
  Hendler fue considerado miembro de la asociación ilícita, junto a Oscar Guerrero, sindicado como dueño de la Droguería Del Plata.

Derivaciones de la megacausa. Oyarbide también procesó al empresario Ibar Esteban Pérez Corradi, a quien se vinculó con el triple crimen de General Rodríguez y detenido a pedido de los Estados Unidos. Está imputado por “lavado de dinero” en la megacausa de la “mafia de los medicamentos”.
  El juez acusó a Pérez Corradi de “blanquear” plata proveniente de las “actividades ilícitas” del titular de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, y del empresario farmacéutico Néstor Lorenzo, ambos presos y procesados en la causa.
  El juez estableció que en ese marco Pérez Corradi cambió cheques por algo más de 300 mil pesos.
  En su resolución Oyarbide reforzó las sospechas que unieron a esa supuesta organización con el aún irresuelto crimen del empresario Sebastián Forza, aportante a la campaña presidencial de 2007 y asesinado junto a Leopoldo Bina y Daniel Ferrón en agosto de 2008.
  Cuando los cadáveres aparecieron en un descampado de General Rodríguez, la viuda de Forza, Solange Bellone, apuntó a Pérez Corradi, porque el joven empresario lo había denunciado por amenazas.
  Según esa hipótesis, Pérez Corradi estaba involucrado en la venta de efedrina y habría temido que Forza, un ex socio que también se había introducido en el negocio, lo terminara denunciando penalmente para sacarlo de competencia.
  Si bien Pérez Corradi nunca fue indagado en la investigación del triple homicidio, el empresario está detenido desde 2008 a pedido de Estados Unidos, sospechado de confabulación y de integrar una asociación ilícita que se dedicaba a enviar estupefacientes. Y el 11 de noviembre pasado había sido llamado a declarar como sospechoso en la megacausa de los medicamentos por canjear cheques de la droguería San Javier.

Moyano niega todo

Hugo Moyano dijo que era “absurdo” que lo vincularan con la “mafia de los medicamentos” tras el allanamiento de la obra social de los camioneros por orden de otro de los jueces que intervienen en la megacausa, el juez Claudio Bonadio. Pero las pericias confirmaron que eran apócrifos los troqueles de remedios contra el cáncer secuestrados en la Obra Social de Choferes de Camiones.