Otro organismo condenó la reacción oficial

La organización internacional Human Rights Watch, que brega por la defensa y protección de los Derechos Humanos, condenó ayer la reacción del gobierno argentino contra la relatora especializada en temas jurídicos de la ONU, Gabriela Knaul, que realizó críticas y advertencias sobre la reforma judicial K.

"Es un despropósito que la Cancillería argentina intente desacreditar a una experta independiente de la ONU porque no está de acuerdo con sus críticas, que, por otra parte, son totalmente acertadas", manifestó la ONG internacional a través de un comunicado.

Para Human Rights, "si una persona que se dedica a promover y proteger la independencia judicial en el mundo alerta al gobierno argentino que va por el mal camino, uno esperaría que el gobierno aproveche esta asesoría para mejorar el acceso a la justicia de los argentinos, en vez de descalificar al mensajero".

En tanto, todos los diputados nacionales que votaron a favor de los proyectos de reforma judicial fueron denunciados ayer por "traición a la patria" y se pidió que sean citados a indagatoria.

La presentación, que estuvo a cargo del abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten y recayó en el juzgado federal de Julián Ercolini, sostiene que la reforma votada en el Congreso es "claramente antidemocrática" a la vez que "pone en riesgo y jaque la independencia del Poder Judicial".

"Ante tamaño atropello, que daña seriamente la división de poderes y la independencia judicial, la Constitución nacional, en su artículo 29, no deja lugar a dudas.

Afirma que aquellas personas (en este caso legisladores) que le otorguen la suma del poder público al Ejecutivo deben ser juzgadas como infames traidores a la Patria".

La presentación está dirigida no sólo contra los diputados oficialistas sino también contra los de Nuevo Encuentro y Frente Cívico de Santiago del Estero. Según indicó la denuncia, los proyectos votados implican un "avasallamiento institucional desde el retorno de la democracia", ya que la "limitación a las medidas cautelares dejará indefensos a los ciudadanos que intenten defender el derecho a la propiedad", mientras que la ley de creación de nuevas Cámaras de Casación "serán nuevas estructuras burocráticas que responderán al poder político".

Mientras, la diputada opositora Elisa Carrió (Coalición Cívica-ARI) pidió a la Cancillería que envíe a la Organización de los Estados Americanos (OEA) las críticas que la relatora especial de la ONU formuló a la reforma judicial. Una astilla más en el traumático camino del paquete legislativo.