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Otro escalón hacia el blanqueo del empleo doméstico

Parafraseando a Luis Brandoni en la famosa escena de “Esperando la carroza”: Treinta y cinco pesos. Ese es el valor de la contribución patronal mensual para las empleadas domésticas con mayor carga horaria.

Domingo 22 de Junio de 2014

Parafraseando a Luis Brandoni en la famosa escena de “Esperando la carroza”: Treinta y cinco pesos. Ese es el valor de la contribución patronal mensual para las empleadas domésticas con mayor carga horaria. Sin embargo, actualmente sólo está registrado un tercio del 1,1 millón de empleadas de casas particulares que hay en todo el país.

   No obstante, desde el Ministerio de Trabajo de la Nación confiaron en que a partir de la aprobación y la reglamentación de la primera ley sobre trabajo doméstico se logrará duplicar hacia fin de año la cantidad de trabajadoras con empleo formal. Buscan alcanzar este objetivo con la concientización de quienes contratan estos servicios sobre el costo escaso de la regularización y en los beneficios para ambas partes, más a través de la aplicación de sanciones.

   Durante 57 años, el trabajo doméstico en Argentina estuvo regulado por un decreto de la Revolución Libertadora. En marzo de 2013, el Congreso nacional a través de la ley 26.844 creó el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

   En comparación con la legislación anterior, la nueva normativa amplía derechos de las trabajadoras domésticas, y acerca su situación a la de cualquier otra persona empleada en el sector privado. A diferencia del decreto de 1956, la legislación actual incluye a todas las trabajadoras domésticas —más allá de la cantidad de días u horas semanales que desarrolle sus tareas— establece la duración máxima de la jornada laboral, los tiempos de descanso, el goce de licencias especiales y pago de asignaciones familiares. Esta información puede consultarse en la página web del Ministerio de Trabajo de la Nación (http://www.trabajo.gov.ar/domestico/derechos.asp)

   En el marco de las actividades de difusión de la ley 26.844, el subsecretario de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación, Alvaro Ruiz, participó de un panel sobre el tema en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Una instancia que el funcionario calificó como “muy productiva”, ya que “cuando se proyecta una norma, no siempre se tienen en cuenta todos los factores”, y de la que surgieron “una cantidad de temas para repensar y profundizar”.

   En diálogo con La Capital, Ruiz analizó la importancia histórica de la nueva legislación sobre el trabajo doméstico y sostuvo que la batalla contra la precarización laboral en el sector más que económica, es cultural.

   — ¿Cuál es la importancia de la nueva ley de trabajo doméstico?

   — Hay un cambio absoluto de paradigma, de perspectiva desde la cual el Estado aborda la regulación de ese trabajo. Hay un reconocimiento a quienes trabajan en las casas particulares, para que tengan igual protección que otros trabajos remunerados del sector privado.

   — ¿Cuál es el universo de trabajadoras beneficiado por la ley?

  — Aunque es difícil de cuantificar exactamente, según datos de la Afip, el Ministerio de Trabajo y el Indec a través de la Encuesta Permanente de Hogares, entre un millón cien mil y un millón doscientas mil personas en todo el país están ocupadas en tareas domésticas.

   — Esta ley reemplaza un decreto de la Revolución Libertadora, ¿Por qué estuvo tanto tiempo vigente?

   — Nunca hubo una decisión política seria para incluir social y laboralmente a este sector. Cuando la presidenta mandó el 8 de marzo de 2010 el proyecto al Congreso fue la primera vez que un presidente de este país giraba una iniciativa de estas características. Las demoras tuvieron que ver con la conformación de las Cámaras, donde la oposición había ganado una series de espacios, y no produjo una actividad más prolífica que la que había habido hasta entonces. El proyecto estuvo a punto de caducar. Nuevamente en 2011 la presidenta insistió en este tema, y el proyecto se aprobó en general en noviembre de 2012 y en particular en marzo de 2013. No hubo solo un gesto de mandar un proyecto de ley, sino una acción política del gobierno nacional en impulsar la regularización de ese sector laboral.

   — Decía antes que se calcula que hay más de un millón de trabajadoras, ¿cuánto se avanzó en formalización desde la aprobación de la ley?

   — El cambio todavía no es tan notable, porque había y todavía existen algunas cuestiones pendientes sobre la reglamentación. Hay aproximadamente 400 mil trabajadoras registradas. La proporción en relación a los territorios es diversa, pero esperamos que para fin de año podamos llegar a duplicar ese número de formalización.

   — ¿Cuáles son los instrumentos que utilizan desde el Estado para lograr este objetivo?

   — Hay una preocupación constante en la comunicación y en la difusión a la sociedad en su conjunto de lo que significa esto para un sector básicamente de mujeres, que son el 98% de las personas ocupadas en esta actividad. Estamos apelando a la conciencia de la población, no hay ninguna razón económica de peso de los empleadores para que esto no pueda consagrarse en la práctica. En la franja de mayor carga horaria, donde la contribución patronal es más alta, son 35 pesos por mes. Esto no puede afectar la economía familiar de nadie.

   —Se trata de un sector de trabajadoras muy especial. ¿Cuáles son las diferencias en la intervención del Ministerio de Trabajo con respecto a otras actividades?

   —En primer lugar, hay aspectos culturales que se han ido naturalizando, de considerar que esta actividad debe ser mantenida en la informalidad. Hay cambios en este sentido, en no aceptar que a la persona que se ocupa de cuidar nuestros afectos, no la podemos dejar en una situación de precariedad en cuanto a su propia existencia y su futuro, en términos de seguridad social, jubilación, obra social, licencias. Por otro lado, como no se trata de empresas, existen dificultades en la fiscalización. En esta etapa no estamos tan preocupados por imponer sanciones a quienes no registran a sus trabajadores, sino en apelar a la conciencia social, que ha ido creciendo en estos últimos diez años.

   — ¿Cuáles son otros temas pendientes sobre el sector?

   — La libreta de trabajo va a permitir acceder a algunos beneficios. En el caso de la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, va a ir incorporar a la tarjeta Sube con un descuento de 40% del transporte público. Estamos también viendo de asignarle otros beneficios en un sentido más federal. Además, la puesta en práctica de este sistema va a estar acompañada por un organismo nuevo que creó la ley, y que ahora reglamentamos, que es la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. También estamos trabajando fuerte para implementar un sistema de riesgos de trabajo, que le va a dar al empleador la posibilidad de sentirse cubierto económicamente ante una contingencia que nadie desea, pero de la que nadie está exento.

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