La crisis en el área de seguridad de la provincia de Santa Fe no es, como se la pretende presentar, una crisis policial sino una compleja crisis política. ¿Por qué definirla de esta manera? Porque lo que se ha perdido en la provincia es la conducción política de la fuerza, y para ser más precisos, se la ha delegado sin medir la gravedad de esa decisión. La crónica policial, sin rodeos, se referiría a esta determinación precisando "liberaron a la policía" o le permitieron que se autogestionara. Dicho en otros términos, al cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos a las órdenes de las autoridades políticas, se lo eximió de ellas.

El socialismo, más cómodo en las aulas que en la calle; más inclinado a interpretar la seguridad como un objeto de estudio académico que como una política pública que debe ser gestionada y ejecutada; más apegado a los relatos que a las realidades; más afecto a procurarnos "merchandising electoral" que a asumir situaciones de gobierno; optó por invisibilizar lo que -a su juicio- la sociedad no debe ver. No sólo lo oculta, sino que ya no se ocupa de ello: marginalidad, abandono, delincuencia, corrupción, quedan enmascaradas tras el cendal de la "fábrica de buenas noticias".

Pero como en todo proceso infeccioso, los síntomas ocultos un día quedan a la vista. Y ese es el día en que el gobernador de la provincia dice que se entera por los diarios de lo que estaba pasando. Y su antecesor Hermes Binner, quien necesita tomarse su tiempo para procesar una respuesta que resulte -a su juicio- musicalmente aceptable para la sociedad, nos hace saber a través de solicitadas "...que es la oportunidad de avanzar a fondo...", que ahora podemos contar con él como no pudimos hacerlo durante su gobierno, para evitar la inconsecuencia, la ambivalencia y las vacilaciones en esta materia.

Hizo falta más de una semana para que el Ejecutivo terminara reconociendo, por entregas, que lo sospechado -descontrol de la fuerza policial, existencia de "cajas" dentro de la policía, investigaciones en curso por enriquecimiento ilícito- era cierto.

Hay un funcionario socialista, el hasta hace pocos días viceministro de Seguridad Marcos Escajadillo, que es bisagra entre la mala policía y la mala política. Es una verdadera lástima que se haya negado en dos oportunidades a venir a dar cuentas a la Cámara de Diputados, y que el gobernador no se lo hubiese exigido.

En la guerra, escribió Clausewitz, el bando vencedor no es el que aniquila a su enemigo, sino el que simplemente doblega la voluntad de su adversario de seguir luchando.

En este punto, se impone la necesidad de abordar la situación en toda su magnitud. Ahora toca el camino de regreso de este sitio no deseado: luchar mancomunadamente contra el narcotráfico.

La pregunta es: ¿cómo se vuelve?

Primero, con un diagnóstico sincero de la realidad, es necesario rescatar el control de las políticas públicas de seguridad en la provincia.

Segundo, trazando una barrera imperforable entre la política y la policía, y el delito.

Tercero, con liderazgos que no pueden sino estar afirmados en cuatro sostenes: determinación, coraje, ejemplaridad y persistencia.

Desde estos preceptos innegociables, es posible sistematizar un listado de acciones:

1Responder con medidas concretas tendientes a la acción en el territorio, y no con más burocracia de oficinas.

2Garantizar que no se diluyan las responsabilidades políticas, institucionales y policiales.

3Colocar la ética policial y el control disciplinario como acicate de la fuerza.

4Realizar diagnósticos competentes, planeamiento y monitoreo del trabajo de la policía. Elaborar estadísticas precisas, continuas y confiables de los delitos por manzanas, por barrios y por localidades, que permitan, en un mapeado del delito, contrastar incidentes con la respuesta de la policía.

5Establecer una comunicación directa entre el poder político y la cúpula policial, evitando que se distorsionen las órdenes cuando pasan por la administración.

6Coordinar las operaciones y decisiones políticas y difundirlas a la prensa y a la comunidad, de modo de fomentar el control social en la implementación de las políticas públicas.

7Consolidar las instancias de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones (juntas barriales, consejos de seguridad comunitarios, entre otros).

8Profundizar políticas y acciones en materia de seguridad urbana e inclusión social.

9Formalizar un pacto político entre el partido de gobierno y los partidos de la oposición. Todo pacto es una alianza y toda alianza es contra alguien: no sólo contra la delincuencia sino también contra los políticos y policías confabulados con ella.

10Definir una agenda que se centre en:

• La gestión del conocimiento en materia de delitos, seguridad y violencia.

• La coordinación de acciones policiales y seguridad preventiva.

• El desarrollo y articulación de estrategias de participación ciudadana y prevención social del delito y la violencia.

• La formación y profesionalización de recursos humanos de las estructuras de gestión.

En este sentido, la recientemente votada ley de emergencia en seguridad provee al Ejecutivo de una caja de herramientas que no debería ser desaprovechada por el gobernador Bonfatti.

Estas propuestas, tan básicas como efectivas si se mantienen en el tiempo, deben cargarse en el GPS del Ministerio de Seguridad. Quizás eviten que vuelva a perder el rumbo: las autoridades provinciales no deben olvidar que solamente hay subordinación en donde hay ejercicio efectivo del mando.

(*) Diputada provincial (PJ)

Cada cuatro años EEUU celebra elecciones presidenciales, en un proceso ininterrumpido desde la aprobación del texto constitucional en 1789. Lograr una comprensión cabal del funcionamiento del sistema político y electoral norteamericano requiere abstraerse de las reglas y prácticas del sistema tal cual se lo concibe en países donde el electorado elige en forma directa a su presidente y vicepresidente.

En primer término hay que advertir que en EEUU el voto es voluntario, es decir, las elecciones no son de carácter obligatorio, de modo que es necesario registrarse para poder ejercer el derecho al voto. Seguidamente, mencionar que la instancia de elección presidencial es de carácter indirecto, lo cual implica que el electorado no elige directamente al presidente sino por intermedio del colegio electoral donde los votos son aportados por cada uno de los 50 Estados, más un distrito federal, que es el Distrito de Columbia.

La cantidad de votos electorales que cada Estado tiene en el colegio electoral está en directa correlación con el número de representantes en el Poder Legislativo federal. Consecuentemente, dicho número nunca puede ser inferior a 3, en tanto todos los Estados tienen 2 senadores y al menos 1 representante en la Cámara baja, cantidad que fluctúa en función del tamaño de la población de cada Estado.

Por ejemplo, hay Estados como Wyoming, que tienen el mínimo de representantes, mientras que existen otros como California, que cuenta con 55 miembros en el colegio electoral. De modo que la importancia y la necesidad de captar a cierto tipo de electorado, está dada por el tamaño de la población y el número de electores que un Estado tiene en el colegio electoral. Por consiguiente, cada Estado tiene un peso específico que le es propio.

Actualmente, el colegio electoral está compuesto por 538 miembros y tanto el presidente Obama como el gobernador Romney necesitarán obtener al menos 270 votos electorales (la mitad más uno) para ganar la contienda. Pero los ciudadanos registrados para votar no lo harán directamente por el candidato, sino por una lista de personas (los electores del colegio electoral) que se comprometen a votar en dicho colegio por el candidato de ese partido. Ahora bien, en casi todos los Estados se ha optado por el sistema conocido como "winner takes all" (el que gana se lleva todo), donde el partido del candidato ganador en ese Estado, se lleva todos los votos. La excepción sólo se da en Maine y Nebraska.

En EEUU el sistema bipartidista, de la mano de los partidos Republicano y Demócrata, domina la escena. El rol de los partidos está dado no sólo por las estructuras institucionales que ofrecen a los candidatos, sino también porque determinan sectores concretos del electorado, así como grupos de presión específicos.

Se trata de partidos poco formalizados; con una estructura descentralizada e independiente; política e ideológicamente flexibles y profundamente pragmáticos. De modo que no predomina una visión uniforme a lo largo del tiempo, y por ende, tampoco se necesita encajar plenamente en la plataforma del partido para ser parte de él.

Desde hace ya varios años, hay Estados que viene escogiendo a candidatos del mismo partido. Si se observa el actual mapa electoral, es posible identificar de antemano a los denominados Estados "rojos" (color que identifica al partido Republicano) que tanto por su histórico voto republicano; como por su tradición política conservadora y su composición sociodemográfica (población predominantemente angloamericana y rural) votarán por Mitt Romney. En ese mismo sentido, es factible predecir cuales van a ser los Estados "azules" (color Demócrata) donde el voto favorecerá a Obama. Se trata de los grandes centros urbanos en ambas costas, mucho más liberales políticamente, con una alta densidad poblacional, y un elevado número de residentes latinos y afroamericanos.

Sin embargo, el mapa electoral está muy lejos de poder indicar quién se quedara con la victoria final, puesto que aún hay varios Estados, los denominados swing o indecisos, que no dejan vislumbrar si el voto favorecerá a uno u otro candidato. En estos Estados es de gran relevancia el denominado "voto latino" y no porque la población latina sea indecisa, sino por el exponencial crecimiento demográfico de ésta en los Estados Swing.

Dentro de la categoría de "indecisos" se encuentran grandes Estados como Florida con 29 electores en el colegio electoral; Virginia con 13; Colorado con 9; Nevada con 6, pero también Estados mucho más pequeños como New Hampshire, que con tan solo 4 votos electores puede terminar decidiendo la elección presidencial.

Ante el panorama descripto, sumado a los datos aportados por medios tales como el Washington Post, es factible visualizar que 21 de los 50 Estados (más el Distrito de Columbia) ya se han decidido por el candidato republicano, mientras que 16 lo harán por el demócrata. A su vez, hay siete Estados, que si bien no se sabe con certeza cuál será su decisión final, si muestran una cierta inclinación por uno u otro candidato. Mientras que son 7 los Estados que aún no han decidido a quien favorecerán con su voto.

El mapa electoral aún no está definido. Tanto Romney como Obama deberán convencer a ese electorado indeciso, y lo más probable es que la tendencia seguida por ambos candidatos a lo largo de la campaña se mantenga e incluso se profundice. El presidente Obama priorizando una agenda más social, en la que supo y pudo lograr ciertas políticas de corte más progresistas durante su primer mandato y Romney, tratando de redireccionar la agenda de lo social a lo económico, haciendo especial hincapié en los altos índices del desempleo que Obama no ha podido revertir de manera significativa durante los últimos cuatro años.