Otras tres medidas de fuerza que marcaron la historia de la policía

Los levantamientos en la policía de la provincia no son moneda corriente y los pocos de los que se tenga recuerdo en los últimos años derivaron en desplazamientos de los responsables de la cadena de mandos de la fuerza.

Agosto de 1986: Durante diez días unos 500 efectivos de la policía rosarina dejaron de prestar servicios y se autoacuartelaron en el patio de la vieja Jefatura mientras que en las 29 seccionales y 16 subcomisarías que había por entonces no se recibían ni las denuncias de los vecinos. Fue durante el gobierno de José María Vernet y el reclamo fue una sustancial mejora en sus salarios. Ante esa situación, la provincia pidió a la Nación el envío de hombres de Gendarmería para patrullar la ciudad. La inflexibilidad de las autoridades provinciales llevó a que la medida de fuerza se fuera licuando con el paso de los días hasta que todo volvió a la normalidad.

u 19 de agosto de 2000: Unos 50 agentes del Comando Radioeléctrico se agruparon frentre a la seccional 6ª para expresar su disconformidad por la detención de dos compañeros que horas antes habían participado de un enfrentamiento armado en el barrio Azcuénaga que culminó con un delincuente gravemente herido. Durante las dos horas que se extendió la protesta el patrullaje de la ciudad se vio resentido porque se fueron sumando otras fuerzas de calle. Como consecuencia del episodio, el gobierno de Carlos Reutemann dispuso el desplazamiento del jefe de la Agrupación Cuerpos, Pedro Obligado; y del subjefe de la Unidad Regional II, comisario Oscar Rendo, por incumplimiento de su rol jerárquico.

u 12 de abril de 2005: El agente Diego Ramón Navarro fue asesinado a balazos en el robo al supermercado Azul, ubicado en Ricardo Núñez al 500, donde cumplía un servicio adicional. Tras el hecho un importante número de uniformados se autoacuarteló en la Jefatura que por entonces estaba en manos de Leyla Perazzo. Fueron 20 horas de incertidumbre y discusiones de alto tenor en la cual los policías denunciaron la falta de armas en condiciones, de chalecos antibalas y de uniformes entre otras falencias en el servicio. Después de una prolongada asamblea, los agentes levantaron la medida aceptando el pago de 500 pesos por única vez para la compra de insumos. Entonces el gobierno de Jorge Obeid pasó a disponibilidad a una veintena de agentes y en febrero de 2006 dictó la cesantía de nueve de ellos a los que consideró líderes de la rebelión. Eran los dirigentes de los incipientes gremios policiales que nunca fueron reconocidos en la provincia, Apropol y Adepol.