Organizaciones de derechos humanos apelaron la excarcelación otorgada a tres ex jefes de la policía bonaerense que actuaron en un centro clandestino de detención de la localidad de Arana, partido de La Plata, durante la última dictadura.
Organizaciones de derechos humanos apelaron la excarcelación otorgada a tres ex jefes de la policía bonaerense que actuaron en un centro clandestino de detención de la localidad de Arana, partido de La Plata, durante la última dictadura.
Se trata de Rubén Páez, Miguel Kearney y Bernabé Corrales, quienes fueron excarcelados el 12 de enero por resolución de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal.
Los tres ex policías están imputados de la privación ilegal de la libertad y los tormentos sufridos por centenares de víctimas que estuvieron alojadas en el centro clandestino de Arana, en causas que se tramitan ante el juez federal platense Arnaldo Corazza.
Según el colectivo Justicia Ya!, las entidades de derechos humanos apelaron la medida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación alegando que "resulta inconcebible y manifiestamente insultante para las víctimas y para la sociedad toda, que en el marco de la impunidad que reinó los últimos 33 años, se pretenda tomar como argumento decisivo que hasta el presente los imputados no registren condenas ni hayan procurado mantenerse prófugos de una Justicia que nunca los requirió".
Para el organismo es incomprensible que "el Poder Judicial insista en minimizar el genocidio dando más valor a la edad de los imputados, a que sus lugares de residencia hayan sido estables, sus núcleos familiares consolidados y sus comportamientos en prisión correctos; que a los cientos de crímenes aberrantes por ellos cometidos", según expresó en un comunicado.
De este modo, el colectivo cuestionó los fundamentos de la Sala III de Casación, que excarceló a los tres represores por considerar que no había riesgo de fuga, nunca habían intentado fugarse, tenían domicilios fijos y no registraban antecedentes.
Fiscales distraídos. Además, Justicia Ya! solicitó una entrevista al procurador general de la Nación, Esteban Righi, con el fin de reclamarle que instruya a los fiscales de la Cámara de Casación para que también apelen la resolución que puso en libertad a estos represores.
"Resulta alarmante que este paso no haya sido concretado por los fiscales inmediatamente después de conocido el fallo", expresa el comunicado, que recuerda que los fiscales sí apelaron la resolución de la Sala II de la misma Cámara de Casación que ordenaba la libertad de 17 represores de la Esma, hecho que suspendió la concreción de la medida.
Esta organización defensora de los derechos humanos está integrada por la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de La Plata-Ensenada y de la provincia de Buenos Aires, Centro de Abogados por los Derechos Humanos (Cadhu), Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), y el Comité de Acción Jurídica (CAJ). También están Hijos-La Plata y Madres de Plaza de Mayo-La Plata, entre otros.
El 17 de diciembre, la Cámara Nacional de Casación Penal había otorgado la excarcelación a los tres jefes policiales, medida que luego fue implementada por el juez Corazza el 12 de enero, luego de que los imputados presentaron las garantías para cubrir una caución de 75 mil pesos cada uno.
Las excarcelaciones fueron dispuestas por la Sala III del tribunal integrada por los magistrados Angela Ester Ledesma, Guillermo Tragant y Eduardo Rafael Riggi.
Miguel Kearney, alias El Inglés, fue jefe del centro de detención de Arana y respondía a Miguel Etchecolatz, condenado por genocidio.
Por Facundo Borrego