Una decisión superior del Ministerio de Seguridad provocó un cimbronazo ayer a la mañana en la Jefatura de Unidad Regional II: el jefe máximo de la fuerza, comisario general Osvaldo Toledo, pidió el desplazamiento del oficial habilitado de la departamental rosarina, un cargo administrativo clave porque es el que dispone los pagos que realiza la unidad para adquisición de los insumos necesarios para su funcionamiento.
  La medida se concretó en forma imprevista y dio paso a la orden de una auditoría en la Unidad Regional. El motivo: existe una investigación administrativa y judicial abierta hacia el hasta ayer ocupante de ese puesto por aparentes irregularidades en las compras. “La intención fue que todos los papeles se encontraran en su lugar y por eso el recambio se hizo por sorpresa”, destacó una fuente del gobierno provincial.
  Fuentes de la fuerza, que ayer hirvió de rumores por este movimiento, contaron a este diario que la medida fue canalizada por la jefa del Departamento Logística de la policía provincial (D4), una oficial superior de apellido Ortiz, quien acudió a desplazar ayer a la mañana a la Jefatura de Unidad Regional II al comisario Omar Pintón, que ocupaba el puesto de habilitado, en la División de Administración y Finanzas de la Jefatura.
  La gestión de la oficial Ortiz fue en compañía de personal de la Dirección de Asuntos Internos de la provincia. Según fuentes policiales Pintón fue destinado a la Unidad Regional III con asiento en Las Rosas. Desde ayer el funcionario a cargo de Administración y Finanzas es el subcomisario Gabriel Penedo.
  La situación fue generadora de comentarios y suspicacias al interior de la fuerza: el cargo de habilitado es considerado un resorte de poder porque centraliza las compras y los pagos a proveedores que en el caso de la Jefatura implica volumenes de dinero de destacada cuantía.
  Fuentes de la Gobernación comentaron ayer a La Capital que en la gestión de Pintón se produjeron movimientos de fondos que decantaron en el inicio de un expediente interno que luego se judicializó. “Queremos averiguar qué pasó durante la gestión porque según el registro de compras hay proveedores que parecen haberse hecho millonarios en cinco meses”, indicó la fuente.
  Este diario intentó consultar a las autoridades policiales y del Ministerio de Seguridad sobre las razones de la medida y la circunstancia del cambio. Nadie quiso referirse al hecho.