En una resolución sin precedentes y que abrirá el debate, la Justicia Federal de
Rosario hizo lugar a una medida cautelar y ordenó suspender la aplicación de una disposición del
Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) por la cual había
pasado a ejercer el control, para uso público, de las células madre que se guardan en los bancos
privados de preservación del país.
La medida llegó tras una demanda iniciada por dos menores con representación de
sus padres y un centro privado de Rosario que preserva la sangre de los cordones umbilicales de los
recién nacidos. Cuestionaron al Incucai por que "expropia" los tejidos y "atenta contra el derecho
a la salud de los niños como potenciales beneficiarios" ante una eventual enfermedad.
La resolución 69/09 del Incucai dispuso que las células madre extraídas del
cordón umbilical del recién nacido serán de uso público. Pero se generó una polémica, ya que en el
país casi todos los bancos de preservación son privados y para el exclusivo uso de quienes optaron
por criopreservar las células del cordón de sus hijos al nacer.
A raíz de la medida del Incucai, esas células pasaron a integrar el Registro
Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas.
En el país existe desde 2005 un solo banco oficial de preservación de células
madre, que funciona en el hospital de pediatría Juan Garrahan, de Buenos Aires. Se estima que allí
están criopreservados alrededor de 1.700 cordones umbilicales. En el ámbito privado, en tanto, son
ocho los bancos de células madre que hay en el territorio nacional.
La sangre de las células madre es utilizada para trasplantes y el tratamiento de
enfermedades como leucemias agudas, leucemia mieloide crónica, anemia aplástica severa y déficits
inmunológicos, entre otras.
Polémico. La medida cautelar fue presentada por un instituto privado de Rosario
que tiene un banco de criopreservación y dos menores de edad con representación de sus padres.
"La presentación se hizo porque la resolución del Incucai viola el derecho a la
salud de estos niños, que son genéticamente los propietarios del cordón ante una eventual
enfermedad. Es inconstitucional porque viola el interés superior del niño, tutelado expresamente en
los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional", explicó el abogado Nicolás
Mayoraz, quien impulsó la demanda.
Cuando los adultos deciden preservar el cordón umbilical de un bebé, lo hacen
sustentados en la hipótesis de que la células responderán ante posibles enfermedades que pudiera
sufrir el niño o sus familiares. Por ello se paga por la extracción y el mantenimiento anual en la
cámara de frío. "Jurídicamente es un contrato de depósito", amplió el profesional.
La medida cautelar se presentó la semana pasada ante la jueza federal de
Rosario, Silvya Aramberri, quien el lunes dictó una resolución.
Así, hizo lugar a la solicitud de la clínica y los padres y, de modo inédito
—hubo presentaciones a nivel nacional pero sin una resolución de estas características—
dispuso que se suspendiera el registro público de células madre hasta que se dicte una sentencia
definitiva y se resuelva la cuestión de fondo.
"Este es un amparo de puro derecho que debería tener una resolución definitiva
rápida. Se violenta la voluntad tanto hacia atrás, de quienes ya preservaron los cordones y ahora
deben ponerlo en un banco público, como de los que a partir de la reglamentación solamente pueden
criopreservar si lo hacen en el registro público", se explayó Mayoraz.
La cámara argentina que nuclea a los centros privados de criopreservación ya se
había manifestado en contra de la medida adoptada por el Estado. Lo concreto es que ahora la
disputa deberá dirimirse en la Justicia.