Si el atentado a la casa del gobernador de Santa Fe es uno de los hechos más graves ocurridos en la democracia recuperada en 1983, su no esclarecimiento a una semana de producidos lo potencia al lugar de peligro institucional. El nuevo choque de trenes en la Capital Federal, también inexplicable al momento de escribir esta crónica, eclipsará el disparatado gesto de un legislador patoteando a una inspectora municipal del que se concluye que la soberbia del poder enceguece pero, también, que no hay el menor límite a la hora de utilizar un desatino con provecho mezquino de la política. Ese fue el "tema nacional" y no que Antonio Bonfatti corrió riesgo de vida a manos de delincuentes que pudieron haberlo baleado. Aquí no hay metáfora. Un integrante de la Corte Suprema provincial está convencido, con información que aún es reservada, que la chance fatal existió. Así de grave fue lo que ocurrió ese día al que le sucedieron las amenazas por mensaje de texto consideradas por esta misma fuente como vidriosas debido a su procedencia.
La magnitud de la atención que se dio a una sucesión de videos, como si se tratara de capítulos coleccionables, de tan inadmisible actitud de Juan Cabandié es prueba suficiente de lo que se dice. Es cierto, también, que una elemental actitud de arrepentimiento incondicional y un pedido de disculpas de verdad del protagonista hubieran abortado de raíz las idas y venidas del poder. Pero para eso hacía falta grandeza de espíritu.
La Argentina es, sin la menor duda, un país unitario. No sólo en el centralista sistema de percepción de impuestos y recursos de todos distribuidos con arbitrariedad entre amigos de las provincias sino en la relevancia que se le otorga a temas como la balacera de barrio Alberdi. La solidaridad federal sobrevino ni bien se conoció el hecho. ¿Pasó algo más que el gesto de acompañar al gobernador agredido? Nada. Si hay convencimiento de oficialistas y opositores que todo esto nace de la aplicación del código penal de hecho instalado por las bandas de narcotraficantes que operan en Santa Fe, ¿alcanza con participar de un acto público que repudia el atentado?
Agustín Rossi y Florencio Randazzo estuvieron, desde la esfera nacional, a la altura de la circunstancias. Fue sincera y real su puesta a disposición. Pero insuficiente. ¿A dónde está, por ejemplo, la celebrada Procuradora Alejandra Gils Carbó, jefa de todos los fiscales del país? ¿No debería distraer algo de su atención centrada únicamente en la ley de medios y dedicarla a apuntalar en cuerpo y alma a sus subordinados santafesinos que deberían investigar a los narcos? ¿Ningún juez supremo tiene nada para decir del atentado a un gobernador?
Esto no exime la responsabilidad provincial. La balacera es de pura jurisdicción local. Que no se encuentre a sus responsables es una muestra más (gravísima, pero no solitaria) de la incompetencia en la gestión de seguridad del gobierno que comenzó en 2007 y que, cada vez que fue señalada, generó la reacción de ofensa o de denuncia de "hostigamiento periodístico" del entonces gobernador Hermes Binner. La policía local no responde al poder político y dirime sus internas hacia afuera de manera desembozada. Si no, es inexplicable que no se sepan los nombres de los autores de los disparos. A eso habrá que agregar impericia (¿miedo, falta de coraje?) de algunos actores judiciales que lavan su responsabilidad acusando a las fuerzas policiales de la provincia como sus auxiliares de investigación.
Todo esto conjuga un coctel grave que arroja consecuencias de impunidad. Nada menos.
Desquiciados: No es justo creer que una anestesista que dispara a un auto mal estacionado o que una mujer que detesta a los perros de su vecina y la asesina sean cabal muestra de un clima de alteración de la racionalidad nacional. Esos dos casos, también difundidos hasta el hartazgo por canales y medios de noticias, son propios de enajenaciones mentales individuales que merecen la opinión de psiquiatras antes que de analistas políticos. Sí es llamativo que cualquier episodio de trascendencia pública detone en los dirigentes una primera reacción a la luz de encuestas de intención de voto.
No hay ingenuidad de este cronista a la hora de reconocer que estamos en el tramo final de la campaña que decidirá mucho más que los dos últimos años del kirchnerismo. El próximo domingo se deciden los cuatro o cinco nombres de quienes pueden asumir la presidencia en 2015. Eso anticipará reacomodamientos de poder y lealtades no sólo de los políticos sino especialmente de grupos económicos y de poder. Pero que, por poner tres ejemplos notorios, el caso Cabandié, el nuevo accidente ferroviario del tren en Capital Federal y la salud de la presidente sólo se miren como una suma o resta de votos habla de una obnubilación dirigencial preocupante.
El primero de estos casos no resiste demasiada divergencia. El hijo de militantes desaparecidos no honró ni su historia ni su cargo y su ausencia de humildad hizo pasto fértil para el algún aprovechamiento de mala fe con el fin de descargar el rencor acumulado ante tanta soberbia ejercida en estos años por el sector que Juan Cabandié representa. El choque del tren Sarmiento debió haberse evitado si hubiese un sistema de frenado automático que jamás se dispuso en ese ramal mientras se robaron miles de millones de fondos estatales desde la época del "ramal que para, ramal que cierra" y hasta no hace mucho tiempo en donde se amparó a concesionarios saqueadores de dinero y la seguridad de los pasajeros. ¿Hacía falta tener que leer al indescriptible Luis D' Elia invocando sabotaje a menos de una hora del accidente con 80 heridos?
Por fin, la salud de la presidente, que afortunadamente mejora, se incluyó en la estrategia de campaña bordeando, en algunos casos, el ridículo de creer que ni bien salida de la anestesia la mandataria ordenaba políticas de estado, por un lado, o dudando de la intervención quirúrgica, por el otro. También mucho de este desatino se habría ahorrado si se hubiese recurrido al mismo proceder sanjuanino sobre la salud de su gobernador en donde se difundieron informaciones médicas precisas y no comunicados oficiales de buenas intenciones.
Por estos días se escuchan muchas promesas electorales con ambiciosas utópicas y objetivos de grandezas morales. La realidad, sin embargo, apenas arroja actitudes mezquinas que justifican cualquier medio para alcanzar el fin que sea.
