El problema del consumo de drogas en Argentina es de índole penal porque a partir de la ley 23.737 se persigue no sólo a narcotraficantes sino a quien tiene droga para consumo. Considero que el problema del consumo tendría que ser del orden de la salud y no del orden de lo penal. Quien consume drogas se hace daño a sí mismo y a su familia. Cuando llega a un estado de violencia ligado al consumo es un problema para la ciudadanía.

Por eso habría que anular la intervención penal para que el problema pase a tratarse en el ámbito de la salud. Porque en la medida en que es un problema penal aparecen obstáculos en la asistencia a quien consume drogas. Con la penalización, el sistema de salud rechaza al usuario de drogas.

En Argentina hacemos del problema una dicotomía: o se sataniza al usuario y a la mercancía o se habla de reducción de daños como si fuera un paradigma opuesto, cuando en realidad lo que busca es informar sobre el consumo de sustancias y que los usuarios no sean rechazados por las políticas de vivienda, de promoción social y de la salud. Pensamos en los tóxicos como algo diabólico cuando son materias primas elaboradas por la industria químico-farmacéutica.

Mientras el consumo sea un problema penal, queda ligado a la concepción del delito e inhabilita a los profesionales de la salud a intervenir. En el trabajo de campo de mi tesis advertí que los médicos muchas veces no asientan las intoxicaciones por alcohol o drogas, o las lesiones en el cerebro, porque en los hospitales no saben si hacer la denuncia contra el paciente o brindarle asistencia. Es que la ley dice que se puede penalizar al profesional de la salud "que ayudare o colaborare con el consumo de drogas". La intervención de los profesionales de la salud, entonces, está amenazada si se pena el consumo.

(*) Antropóloga. doctora en

psicología (UNR)