A raíz de una denuncia por esclavitud laboral efectivos de Gendarmería Nacional realizaron ayer una serie de allanamientos en locales comerciales de venta ropa de origen boliviano ubicados en distintas localidades santafesinas, cordobesas y bonaerenses.
El operativo desplegado en la provincia tuvo como principales destinos Casilda, Firmat y Chabás. Además también hubo procedimientos en sucursales de Corral de Bustos y Pergamino, aunque los resultados no trascendieron.
En Casilda las tareas de las fuerzas federales hicieron foco en un comercio de calle Buenos Aires al 2.700, mientras que en Firmat tuvo lugar en la zona céntrica donde funciona otro local de la firma investigada y cuyo nombre es Modas Romina.
El allanamiento en el local comercial de Casilda se desarrolló con gran hermetismo y al culminar, cerca de las 20 de anoche, tampoco surgió información sobre sus resultados pese a la insistencia de la prensa.
No obstante trascendió que el procedimiento provino del Juzgado Federal Nº 3 de Rosario a cargo de Carlos Vera Barros en el marco de una investigación donde se investiga el presunto delito de trata de personas con reducción a la esclavitud.
Encapuchados y cajas.Al terminar su trabajo este cronista observó a los uniformados subir al móvil de Gendarmería a dos personas encapuchados aunque se desconoce si en carácter de detenidos o era testigos que tenían sus rostros ocultos para preservar su identidad.
También cargaron en el vehículo varias cajas cuyo contenido interno también se ignora aunque se supone que se trataba de material de interés para la causa.
Los dueños de la empresa serían de nacionalidad boliviana y al parecer la denuncia surgió hace un tiempo por supuesta explotación laboral. Los operativos se iniciaron el mediodía de ayer. Las fuerzas federales cumplimentaron la medida sin pasar desapercibidos en locales donde había clientes comprando. El operativo se habría originado ante una denuncia por esclavitud laboral impulsado por una mujer que prestaba servicio en el comercio de ropa de origen boliviano de Firmat y con sucursales en distintos puntos del país.
La denunciante, que sería del mismo país, habría trabajado además en la casa de los administradores del local sin percibir casi ninguna remuneración pese a las promesas recibidas en once meses que cumplió labores.
Al tomar estado público el caso, se supo que la trabajadora era sometida a un régimen de esclavitud y hasta los patrones le tenían prohibido hablar con vecinos de Firmat, según dijeron.
Cuando la mujer decidió regresar a Bolivia, y pidió a sus empleadores lo adeudado fue acusada de robar a la empresa y no le pagaron. Ella además había puesto al descubierto una serie de irregularidades en materia de condiciones de trabajo dentro local comercial por lo que intervino la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana municipal de Firmat, lo que visibilizó una situación de precaridad laboral y sometimiento que culminó con la clausura temporaria del local hace un año y medio, y que dio origen a una investigación judicial, que derivo en los allanamientos de ayer.