Soy afiliado de la Obra Social Telefónica (Ostel) y me siento ultrajado como ser humano por el trato inhumano que se da en dicha mutual a los afiliados jubilados. Se viola lo especificado en la resolución de derechos humanos de Naciones Unidas que convencionalmente rige también en nuestro país. Como ejemplo voy a poner en consideración un caso particular, pero que de una manera u otra alcanza a todos los afiliados pasivos de esta organización. El hecho es que en los últimos tres meses la mutual cambió la misma cantidad de veces de prestador médico. Las causas son, de acuerdo a la manifestación de los prestadores, el incumplimiento del pago de la obra social. En cuanto a lo que respecta a esta última, los afiliados no hemos tenido ninguna explicación válida.
Esto dicho o escrito fríamente sin el calor humano solidario parece un hecho nimio, “porque no se deja de prestar la cobertura médica”. En el caso en cuestión, un jubilado fue intervenido quirúrgicamente en un hospital y cesó la prestación del servicio; debió comenzar entonces el tratamiento de quimioterapia en otro sanatorio, previa visita al oncólogo y nuevos exámenes. Este nuevo prestador suspende los servicios en la mitad del tratamiento y debe recalar el enfermo en otro sanatorio, con una previa elección del oncólogo que se hace cargo de la continuación del tratamiento. Este nosocomio suspende también los servicios quedando el enfermo en la actualidad a la espera de lo que le depare el destino. Esto que ha ocurrido hasta aquí es propio de un novelón televisivo, sin pretensiones de ser lacrimógeno pero sí ilustrativo. De acuerdo a mi memoria, en los últimos 18 meses pasaron al menos 8 prestadores médicos distintos. En esta desconsideración por el ser humano están involucrados y en la parte que a cada uno le compete, tanto los dirigentes de la obra social como los ejecutivos de los sanatorios y médicos en general que se han juramentado para ejercer una profesión humanista al margen de una situación económica que es comprensible, pero también es indudable que sobre todo debe primar una convivencia social que contemple los tan promovidos (por lo menos verbalmente por todos nosotros) derechos humanos. A quién le quepa el sayo que se lo ponga. Mientras tanto todos los jubilados telefónicos quedamos a la espera.
 

Carlos Alberto Bravi
DNI 6.004.384