Las 23 mujeres rescatadas en el marco del operativo realizado por Gendarmería en la madrugada del sábado pasado no sólo eran explotadas por los dueños de las whiskerías, sino que vivían en condiciones inhumanas, según revelaron fuentes de la investigación que lleva adelante la Justicia federal.
La causa se originó en diciembre último, a través de una denuncia realizada al 0800-888-8804, que Gendarmería Nacional dispone para estos casos.
El proceso investigativo recayó en la Unidad de Procedimientos Judiciales y la Unidad de Inteligencia Criminal de la fuerza de seguridad federal con asiento en Rosario y jurisdicción en la zona.
La larga investigación, que duró más de ocho meses, logró determinar que, si bien no había menores que prestaran servicios sexuales en los locales nocturnos, se detectó la existencia de una red delictiva que se dedicaba a explotar sexualmente a las mujeres. Las trabajadoras sólo percibían el 40 por ciento del dinero que recaudaban y el resto quedaba para los explotadores.
También se comprobó que los proxenetas financiaban los viajes de las meretrices que provenían de otros países, principalmente de Paraguay. Esa operatoria les generaba una dependencia económica con sus sometedores. La deuda creada en concepto de traslado o transporte era saldada con el dinero obtenido tras la primera semana de trabajo en los burdeles. Las mujeres, en su mayoría provenientes de sectores humildes, acumulaban las magras ganancias de la siguiente semana y regresaban a sus hogares tras permanecer entre 15 y 20 días bajo sometimiento y explotación sexual.
Las 23 rescatadas fueron trasladadas a Rosario, con la asistencia de la Oficina Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Este lunes comenzó el juicio a un efectivo del Comando Radioeléctrico que asesinó a Rafael Acosta en un procedimiento irregular ocurrido en 2021.
Por Javier Parenti