Nueva denuncia de lazos entre policías y capitalistas de droga

El fiscal de Cámaras Guillermo Camporini recibió un nuevo texto anónimo que desarrolla con mayor detalle presuntas situaciones de corrupción entre sectores de alta graduación policial con traficantes de droga. El texto incurre en varias inexactitudes, inspira las reservas de las acusaciones no firmadas y suena a intrigas de una interna policial. Pero contiene un interesante relato sobre el modo en que las esferas policiales encargadas de perseguir el comercio de estupefacientes negocian con los vendedores y se cubren informando a los tribunales datos triviales que dan la idea de tener una pretensión investigativa inexistente.

El escrito que recibe Camporini sucede a otro similar, por el cual también se abrió una investigación judicial, que adjudica a 15 oficiales jefes de Rosario contactos supuestos con los mercados de la droga y de los vehículos robados. El último texto tiene dos hojas y llegó a Tribunales acompañado por un DVD. Camporini lo giró a la fiscal de Cámaras María Eugenia Irribarren, que estaba de turno, y ésta a la fiscal Viviana Baliche. El juez que debe investigar es Luis María Caterina. Las acusaciones en la que estarían envueltos los policías son exacciones ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En el escrito se alude a un supuesto pacto policial con una persona a la que se nombra (L.M.), a la que se le atribuye ser el principal capitalista de drogas en Rosario, y a la que se vincula con un importante emprendimiento comercial en la ciudad. Se menciona una reunión celebrada el 2 de enero pasado en la ciudad de Santa Fe donde, manifiesta el texto, se acordó la protección para la actividad de los traficantes a cambio de una importante suma en dólares.

La jugada. En el tramo más detallado el autor del texto explica cómo las mismas franjas de la ex Drogas Peligrosas de la policía provincial que amparan a los traficantes de droga simulan estar investigándolos. ¿Cómo hacen? Señala que tras el acuerdo para el funcionamiento —"ningún kiosco se instala sin permiso policial"— los encargados de esa dirección policial inician una investigación con un anónimo o "dato de la calle" que revela la acción de esa boca de venta.

Entonces, destaca el escrito, presenta esos datos en un juzgado o una fiscalía federal desde donde los autorizan a hacer tareas de inteligencia. De ese modo, con el quiosco en funcionamiento, la policía presenta a las instancias judiciales datos parciales, tales como fotos, filmaciones o patentes de los compradores.

Señala entonces que si otra fuerza de seguridad interviene (Gendarmería, Policía Federal, Seguridad Aeroportuaria) para desbaratar al quiosco en cuestión el área provincial de Drogas puede exhibir actuaciones notificadas a la Justicia: "si algo sale mal (...) ellos tienen su propio sumario iniciado y zafan diciendo que (al quiosco) ya lo tenían observado. Lo mismo dicen si una comisaría o unidad especial llega al lugar buscando armas o algún agresor. Ellos (Drogas) están cubiertos por que ya iniciaron una investigación. Si nadie lo tumba a los cuatro o cinco meses le dicen al narco que cierre y abra en otro lado porque puede haber bronca. Y la investigación que tenían iniciada la archivan porque en el lugar ya no se vende. Es muy inteligente y perverso a la vez".

En el video aportado a la fiscalía aparecen barrabravas de Newell's ingresando a un partido mientras policías les entregan entradas como dando cuenta de una irregularidad. La filmación fue realizada desde el interior del estadio por la propia policia. La fiscal interviniente remitió copias al fiscal de turno de la ciudad de Santa Fe al momento de la recepción del anónimo y a la fiscalia federal.