La estructura del Poder Judicial volvió a ser epicentro de otro sacudón tras confirmase ayer que el Banco Municipal de Rosario formalizó una nueva denuncia para que se investigue al Juzgado Civil y Comercial Nº 1, que durante 2010 habría realizado maniobras para desviar fondos de cuentas judiciales inmovilizadas. Este hecho se suma al escándalo desatado hace un mes y medio, cuando un magistrado y su secretario fueron apartados de sus cargos acusados, junto a un grupo de abogados y un martillero, de orquestar el mismo delito defraudatorio.
La denuncia del banco hace referencia a 18 oficios falsos librados en 2010 para el cobro del remanente de juicios ejecutivos.
Al respecto, la entidad logró verificar que las órdenes de pago no coincidían con los expedientes en su poder, ya cerrados, y cuya deuda había sido saldada con el acreedor correspondiente.
En muchos de esos juicios quedaba un saldo en las cuentas inmovilizadas, que fue cobrado de manera irregular.
La rúbrica. Los oficios llevan, en su mayoría, la firma del ex magistrado Jorge Scavone, quien entre julio de 1984 y diciembre de 2010 estuvo al frente del Juzgado Civil y comercial Nº 1.
Pero las desprolijidades en esa dependencia vuelven a rozar al juez Civil Nº 17, Alejandro Pedro Martín, quien fue separado de su cargo a la par de su secretario, Ricardo Lavaca, al quedar imputado junto a un grupo de abogados y un martillero de absorber fondos inmovilizados de cuentas judiciales (ver aparte).
Es que, tras la renuncia de Scavone y al quedar vacante el juzgado, Martín firmó en suplencia uno de los oficios librados en marzo de 2011.
Además, dos de los mismos protagonistas involucrados en el caso que en noviembre pasado desató el escándalo —un martillero y un abogado— figuran también favorecidos por el cobro de los saldos, aunque no tenían participación en las causas.
La denuncia fue confirmada por la fiscal en turno Graciela Argüelles y su par Carlos Covani, quien ayer pidió varias medidas para asegurar pruebas tendientes a comprobar las graves maniobras defraudatorias.
"Son oficios de poco monto, algunos de 10 mil pesos, otros de mil o 5 mil, pero que no suman una gran cantidad de dinero", indicó a La Capital Covani, mientras elevaba el requerimiento de instrucción.
En esa línea, el fiscal detalló: "A diferencia de los hechos denunciados en el juzgado de Martín (absorbió fondos por 1 millón 50 mil pesos de cuentas inmovilizadas de juicios tramitados en otros despachos a través de 57 embargos ), en este caso todos los procesos pertenecían al mismo juzgado".
Para cotejar expedientes y cuentas, Covani solicitó una batería de medidas para que el banco informe el estado de los expedientes, además de revisar los oficios, quiénes lo solicitaron y si hubo personal de la entidad abocado a controlar ese trámite.
Categórico. La nueva denuncia presentada por el banco ante la Corte Suprema de Justicia detalla con claridad el indebido movimiento defraudatorio.
"Hemos observado que existen oficios librados por el Juzgado Civil y Comercial Nº 1, a cargo de Scavone, de características parecidas a los informados en la denuncia de 31 de octubre de 2012", desmenuza la entidad.
La presentación agrega: "Al respecto, el 19 de noviembre abogados del banco se presentaron ante ese juzgado para solicitarle que exhiban los oficios. Del análisis surge que 15 oficios coinciden con los que obran en nuestro poder y 18 son totalmente disímiles a los recibidos por la entidad. Pero los beneficiarios, en todos los casos, son el martillero y un abogado".
Esta nueva denuncia se acumulará por conexidad objetiva y subjetiva (mismos delitos y protagonistas) al expediente penal que tramita la jueza de Instrucción Nº 12, Mónica Lamperti.
En esa causa, Martín, su secretario, los abogados y el martillero están acusados de conformar una asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación y estafa, entre otros graves delitos económicos.
Los días posteriores a las indagatorias de los denunciados dejaron la sensación de que cada uno buscó despegarse de las maniobras, pero salpicando a los otros.
El secretario se despachó con que su superior tenía el absoluto control de los expedientes y el juez apuntó al desorden administrativo del banco y a las facilidades que encontraron los abogados para generar conexidad con los expedientes con fondos inmovilizados.
