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"Nuestro deber fue contratar personal idóneo y cumplimos con eso"

Tras la tragedia de agosto pasado. Mariela Calvillo, la administradora del edificio de Salta 2141, rompió el silencio y se mostró en desacuerdo con su procesamiento .  

Domingo 23 de Marzo de 2014

Por primera vez desde que ocurrió la trágica explosión en Salta 2141 el 6 de agosto pasado rompió el silenció uno de los acusados de tener responsabilidad en provocar el siniestro. La administradora del edificio, imputada y procesada junto a cinco empleados de Litoral Gas, dos gasistas y un ayudante de éstos, concedió una entrevista a este diario donde defendió enfáticamente su rol. Dijo que ni Litoral Gas ni los gasistas que consultaron le notificaron al consorcio que había que poner dos reguladores (como indica la normativa) y no uno como se decidió cuando ocurrió la fuga y posterior explosión. Además, señaló que su función es contratar personal "idóneo" para realizar las tareas específicas y no la de conocer aspectos técnicos. "Cumplí todas las normas que rigen mi función. Se dijo que no contratamos personal idóneo, pero García tenía más de veinte años de experiencia en este trabajo", refutó Mariela Calvillo.

En un encuentro con La Capital, la encargada de velar por los bienes comunes y servicios de las tres torres arrasadas en la explosión, rechazó los términos del procesamiento dictado en su contra por la jueza Irma Patricia Bilotta, lo que podría dejarla a las puertas de un juicio acusada de homicidio culposo agravado por las 22 muertes, al igual que otras diez personas.

En el caso de la inmobiliaria, la magistrada interpretó que incurrió en una "infracción al deber de cuidado", y a través de su "inacción colocó a los ocupantes del edificio y de edificios cercanos en una situación que superaba el riesgo permitido, y constituyó su contribución causal al suceso".

Y que "la omisión de la administración ha causado un peligro penalmente relevante, jurídicamente desaprobado. El mismo era objetivamente previsible y responden por negligencia, habiendo actuado por incumplimiento de la normativa vigente, violando el deber de cuidado".

Pero la titular de la disuelta Calvillo Propiedades sostuvo no entender de qué se la acusa. "La pericia fue contundente. Establece que la válvula funcionaba perfectamente y que el mantenimiento estaba bien. Y que (Carlos ) García trabajó con la válvula abierta", recordó sobre una prueba que dice beneficiarla.

La mujer hizo un relato cronológico de su intervención desde que comenzaron los reclamos de los vecinos por los problemas con el gas pero, algo tensa, interrumpía esa secuencia una y otra vez cuando intercalaba críticas al Poder Judicial, a los medios, y se esmeraba en apuntar que cumplió correctamente su tarea.

"Cuando el 25 de julio Litoral Gas dice que hay pérdida en accesorio, el gasista José Allala lo arregla y es él quien llama a la empresa, que reconecta el servicio el 26. Pero los reclamos persistían por poca presión. Luego un inspector de Litoral Gas indica que el problema no le corresponde a la empresa, que debíamos llamar a un matriculado", describió.

Allí, incorporó un dato que para la Justicia fue clave a la hora de determinar su conducta. Tiene relación con las contradicciones que se detectaron en la pesquisa. "En uno de los correos que envié a los vecinos el 26 de julio están los teléfonos de Litoral Gas. No pueden decir que no queríamos que llamaran a la empresa. Esas pruebas están en la causa y son fehacientes".

Refirió entonces que lo "consultan otra vez a Allala, quien dice que hay que cambiar el regulador, pero en ningún momento sostuvo que eran dos". Y agregó: "Ninguno de los dos gasistas nos dijo eso. Según Allala había que poner uno de 50 (de presión). Como la gente desconfiaba y querían una segunda mirada, actuamos de manera precavida y pedimos una segunda opinión".

Mientras que en la pesquisa se estableció que el segundo matriculado fue contratado directamente por la administración, Calvillo no lo dejó claro: "Llamamos a Litoral Gas para que nos diera el nombre de un gasista y nos surgieren que llamemos a la Asociación de Gasistas, y aparece García".

Luego se explayó sobre la asamblea del 2 de agosto donde se decidió contratarlo y sobre una a una serie de e-mails que, según expresó, fueron interpretados de forma errónea en la investigación.

"Convocamos a una asamblea para que la gente decida y para que se les haga las preguntas técnicas muy específicas que yo no podía aclarar. García las respondió. Entonces no es que yo hice oídos sordos a la inquietud de la gente. A García se lo eligió mediante la voluntad de la asamblea y está reconocido por los testigos", remarcó.

—¿Por qué el acta de la asamblea sólo lleva su firma y no fue avalada por todos los consorcistas?

No se acostumbra. Igualmente hay testigos que pueden certificar la decisión tomada en esa oportunidad, ya que además se envió un correo a todos explicando que lo habían elegido para el cambio de regulador, con aviso del trabajo el 6 de agosto, de 9 a 13. El mismo portero declaró en ese sentido.

—¿Por qué si hubo constante contacto con Litoral Gas no advirtieron o alguien dijo, ni el gasista, ni ustedes o la propia empresa, que debían colocarse dos medidores y no uno, y que la reconexión del servicio podría acarrear peligro?

-Eso se lo tendrías que preguntar a la gente de Litoral Gas.

—Pero ustedes eran los administradores y debían hacer un seguimiento de los servicios y de la seguridad del edificio.

-No, nunca nos dijeron eso. Litoral Gas nos dijo que ellos no tenían nada que ver con la falta de presión. Y que teníamos que llamar a un matriculado. Y la administración hace eso y se busca otra opinión.

—Pero a la luz de los hechos parece que García no era idóneo o las cosas no se hicieron bien.

-Después de que exploto el edificio todo el mundo va a decir eso, pero llegó con 23 años de experiencia y una matricula chequeada, por derivación de la Asociación de Gasistas. Si viene una persona así, supuestamente es idónea. La lógica lleva a contratarlo. ¿Qué pasó? Lo sabe sólo García, porque hay un montón de cuestiones y dudas sobre el tema, pero yo no puedo hablar por él.

Calvillo insistió con su inocencia. "A mi no me importa que me digan que no voy a ir presa. Quiero que se tengan en cuenta las pruebas. Se dice que somos unos delincuentes y es todo lo contrario. Tengo que recurrir a los medios para que se sepa la verdad. Siento que en el Tribunal hablo y no se me escucha", emprendió contra los funcionarios judiciales.

Cargó también contra el juez Javier Beltramone, apartado de la causa por preopinar, y apuntó a Bilotta, quien lo sucedió: "Antes de hacer la instrucción ya dice que somos culpables, después no se tienen en cuenta las pruebas. Me siento indefensa. Todas las normas que rigen mi función las cumplí. No puedo ser garante de la conducta de personal que no es dependiente mío. El deber de cuidado de García era trabajar con la llave cerrada y no lo cumplió, no me puedo hacer responsable por él. Se confunden las cosas. Diez días antes hubo un gasista matriculado y estuvo Litoral Gas, ellos son los idóneos, si lo que hicieron era reglamentario o no, no lo sé".

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