La Cámara de Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires advirtió al juez Gabriel Vega que evite emitir orden de desalojo sobre los terrenos tomados del barrio porteño de Villa Lugano hasta que ese tribunal superior resuelva sobre el amparo presentado por los ocupantes.

   El defensor general adjunto de la ciudad, Luis Duacastella, informó ayer a Télam que “cerca de las dos de la mañana de hoy la Cámara notificó al juez (Gabriel) Vega que no iba a hacer lugar a otra orden de desalojo sobre el predio de Cruz y Pola hasta resolver el amparo que presentamos en nombre de los ocupantes”.

   “Tengo entendido que los fiscales le presentaron algunas solicitudes al juez, pero hoy quien decide es la Cámara y habrá que esperar a cómo resuelve nuestra solicitud”, agregó.

   En ese sentido, explicó que “lo que se planteó en el amparo es que para desalojar hay que saber a quién hay que restituirle los terrenos, y hoy la jurisdicción sobre esos terrenos se está analizando en una causa que lleva la jueza Elena Liberatori, por lo que debería ser ella la que tome el tema”.

   El terreno, ubicado en la avenida Fernández de la Cruz y Pola, fue ocupado el lunes último por más de 200 familias, y algunas aceptaron retirarse del lugar, pero otras decidieron continuar con la ocupación.

   Si bien el desalojo fue dispuesto anteayer por el juez Vega, la suspensión del operativo se dio por la presentación de Duacastella en representación de los vecinos para que no se concrete.

   En tanto, el fiscal Gabriel Unrein denunció que el operativo no pudo concretarse “por falta de colaboración de las fuerzas federales que no cubrieron un cordón que separaba al predio de la villa 20”.

   Respecto de la solicitud de los fiscales para que la Gendarmería Nacional y la Policía Federal participen del desalojo de esos terrenos, Duacastella apuntó que “el juez fue claro respecto de que es competencia de la Policía Metropolitana porque más allá de que no tengan presencia en esa comuna eso no les impidió realizar otros operativos similares con éxito. Además esta no es una causa federal sino local”.

   “En esto, un ejemplo puede ser lo sucedido en Córdoba con el levantamiento de la policía provincial. Allí las fuerzas federales no pudieron intervenir hasta que se los solicitó formalmente el gobernador. En este caso, debería ser el gobierno porteño el que las solicite porque un fiscal local no tiene autoridad para hacerlo”, concluyó.

“Causalidad”. Por su parte, el procurador general de la Ciudad, Julio Conte Grand, consideró llamativo que la misma semana que el gobierno capitalino estaba a punto de presentar el “plan de remediación y urbanización” del predio ante el juzgado interviniente se haya producido la toma del lugar por parte de personas que demandan viviendas.

    Si bien dijo no estar en condiciones de afirmar que la ocupación del predio fue “armada o planificada” porque, resaltó, “si tuviera esa información la pondría a disposición de la Justicia”, Conte Grand hizo hincapié en la “causalidad” de ambos acontecimientos.