El gobierno provincial y los gremios santafesinos buscan acordar con las cámaras
empresarias un blindaje laboral hasta fin de año, de modo de frenar la renovada presión sobre la
línea de protección del empleo armada a fin del año pasado. Las herramientas en análisis incluyen
la extensión de la emergencia laboral sancionada por la Legislatura, el refuerzo de los planes de
obra pública "multiplicadora", el consenso con la Justicia laboral para evitar atajos en materia de
ajustes y una mayor fiscalización de las compañías que hoy acceden a los subsidios para pagar
salarios.
La necesidad de reforzar los acuerdos sectoriales para preservar el empleo fue
tema de la reunión de la comisión multisectorial de defensa del empleo que se realizó ayer en la
Gobernación. Al encuentro convocado por el ministro de Trabajo, Carlos Rodríguez, asistieron
representantes de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) y Cámara Argentina de la
Construcción (CAC), por el sector patronal. Por los sindicatos concurrieron las regionales
cegetistas de Rosario, Cañada de Gómez y Santa Fe, y la CTA. También estuvo el diputado provincial
del FPV Luis Rubeo.
Los despidos anunciados la semana pasada en el sector lácteo y metalúrgico
dispararon la luz de alerta sobre la salud del dique de contención armado para contener la primera
ola de telegramas fáciles. Bajo este esquema, que incluyó acuerdos sectoriales, suspensiones,
reducciones horarias, procedimientos de crisis y subsidios, se limitó el impacto de la crisis en el
empleo, aunque siguió el "goteo" de cesantías en las actividades más precarizadas.
El gobierno nacional volcó ya a la provincia 51 millones de pesos en subsidios a
través de los Programas de Recuperación Productiva (Repros). Esta estructura comenzó a ceder a
partir de dos vías: los acuerdos de desvinculación refrendados en la Justicia y la utilización
capciosa de los subsidios por parte de algunas empresas.
En ese sentido, Rodríguez reforzó su pedido para que las situaciones de crisis
laboral pasen por esa cartera. También anticipó se incrementarán las fiscalizaciones sobre empresas
que pagan salarios con Repros de 600 pesos, sin poner su contraparte, y sobre firmas que reciben
beneficios fiscales sin comprometerse a mantener empleos.
Para reforzar la contención, el secretario general de la CGT Santa Fe, Julio
Cejas, instó a aplicar la ley de emergencia laboral, de su autoría, que impone sanciones por
despidos. Los efectos de esta norma vencen en junio pero la intención es renovarla por 180 días
más. Por ley o por consenso, la tregua hasta fin de año es la nueva meta a acordar con las cámaras
empresarias. Para empezar, trascendió que próximamente se renovará el acuerdo para evitar despidos
en Acindar.
Los gremios aspiran a mostrar los dientes frente a la amenaza de despidos
masivos. A fin de abril realizarán un plenario interregional en San Lorenzo, probablemente con la
presencia de Hugo Moyano.
Como segunda línea de refuerzo, está la obra pública. Con el presupuesto
provincial aprobado y el fondo sojero en marcha, la clave es invertirlos en "obras que tengan
efecto multiplicador" como viviendas, escuelas u hospitales, señaló Rodríguez.
Los funcionarios de trabajo mostraron un panorama preocupante en materia
laboral. Si en la provincia ya se habla de recesión, Rodríguez fue más allá. Desde su punto de
vista, lo que se vio "es recién el inicio".
El ministro de Trabajo presidió la reunión con empresarios y sindicalistas en la
Gobernación.
