La competencia judicial sobre las causas relacionadas con el narcotráfico vuelve a generar debate luego de que el Senado santafesino diera media sanción a la ley de adhesión a la ley nacional 26.052 de narcomenudeo, que permitirá a la Justicia provincial investigar casos de narcotráfico de pequeñas cantidades.
"Con esta medida se fortalece la postura de que la gran cantidad de juzgados provinciales impedidos de atender causas por narcotráfico puedan asumir un rol activo para ganarle a la impunidad de que goza la venta de drogas en territorio santafesinos", señaló el senador por el departamento General López y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara alta, Lisandro Enrico.
Números concretos. El legislador fundamentó con números el valor de la media sanción a la adhesión provincial a la ley de narcomenudeo. "En Santa Fe, con más de tres millones de habitantes repartidos en unas de 364 localidades, hay sólo cuatro juzgados federales que deben investigar una red de narcocriminalidad que incluye desde las «cocinas» de las sustancias hasta los «cadetes» dedicados al «delivery» de droga. Mientras, mes a mes sumamos fiscales y defensores que integrarán un nuevo sistema de justicia penal con 60 juzgados, pero que no investiga temas de narcotráfico porque son materia federal", dijo Enrico.
"Es necesario asumir que el narcotráfico está demasiado extendido como para que sólo cuatro juzgados nacionales sean competentes", sostiene Enrico. "La Justicia provincial cuenta con decenas de jueces y fiscales en todo el territorio para que se empiece a investigar y juzgar a quienes viven de la venta de drogas", agregó.
No va más. "¿Por qué el narcotráfico debe seguir siendo una cuestión federal?", se pregunta el legislador. "El narcotráfico es un sinnúmero de delitos cuyo combate debe centrarse en no criminalizar al consumidor sino a la cadena de fabricación, transporte, distribución y venta de droga que se da en todas las provincias; delitos que deben investigarse y juzgarse con la mayor eficiencia y proximidad posible por la Justicia", agrega.
"En Rufino venden droga a la salida del Colegio Nacional 50, y para allanar el kiosco del que la vende hay que esperar que el juez federal de Rosario, a 250 kilómetros de Rufino, ordene algo mientras a cuatro cuadras de la vereda donde ocurre el delito hay un fiscal y un juez provincial que no pueden actuar porque ser un tema federal", explicó Enrico.
El narcotráfico crece y lo que parecía ser sólo un problema de las grandes ciudades se expandió a todo el país. Hoy es un flagelo que ataca a jóvenes en toda la república. En 2005 se aprobó la ley nacional 26.052 que da a las provincias que así lo dispongan por ley provincial, la potestad de investigar causas por drogas, siempre que se trate de pequeñas cantidades, quedando las grandes en manos de la Justicia Federal.
Sobre ésto Enrico sostuvo que "el sistema demostró y sigue demostrando su cotidiano fracaso: los contados juzgados federales no pueden con toda la narcocriminalidad en el país porque ésta creció tanto que el ámbito federal no puede con sus pocos juzgados evitar lo que todos los ciudadanos vemos: la impunidad".
Para Enrico "quizá sea la hora de rediscutir el paradigma de la ley 23.337 de 1989 e incorporar a las justicias provinciales sumándolas al juzgamiento de un complejo delictual que por su ramificación amerita mayor persecución penal".
Enrico considera que es necesario "invertir el principio y que todos los fiscales penales del país se encarguen de investigar el narcotráfico y todos los juzgados penales, de juzgarlos".
"Estos cambios son necesarios para minimizar la impunidad. Si más jueces se ocupan, más se dificulta la venta de drogas. Pero además de la persecución penal no hay que olvidar la otra parte del problema: que el crecimiento del narcotráfico incrementó los casos de jóvenes adictos que no hallan en la Nación ni en las provincias, lugares y profesionales suficientes para ayudarlos a desprenderse del flagelo que es la droga", concluyó Enrico.