Cinco ministros designados por la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, para integrar su nuevo gabinete tienen procesos judiciales o están acusados de cometer ilícitos, según informaron medios de prensa locales. La senadora Katia Abreu, nominada para asumir la cartera de Agricultura; el senador Eduardo Braga, para Minas y Energía y Helder Barbalho, en Pesca, enfrentan procesos por diversos delitos, según el diario O'Globo. Los tres integran el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el principal aliado del gobierno de Rousseff, al cual la mandataria asignó un total de seis carteras. En el caso de Abreu, cuya nominación generó el expreso rechazo del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), responde a una investigación a cargo del Supremo Tribunal Federal (STF), por sospecharse que emitió comprobantes de pagos y contribuciones impresos en hojas de papel timbrado con sello del Estado cuando era la presidenta de la Confederación de Agricultura y Pecuaria de Brasil (CNA).
En tanto, el senador Braga, ex gobernador del Estado de Amazonas, es investigado por delitos electorales e improbidad administrativa. Se lo acusa de haber enviado en aviones fletados a 15 agentes de la policía militarizada para que sirvieran como guardias personales de un candidato a alcalde aliado suyo.
A su vez, Barbalho responde por improbidad administrativa, por sospecha de cometer irregularidades en la asignación de recursos del Ministerio de Salud en la ciudad de Ananindeua, en el Estado de Pará, entre 2004 y 2007, cuando era alcalde de ese municipio. También se sospecha que durante ese período fueron cometidos fraudes en licitaciones y desvíos de recursos públicos.
En tanto, el actual gobernador de Ceará, Cid Gomes, del Partido Republicano del Orden Social (PROS), acaparó titulares de prensa durante su gestión por la forma cómo dispone del dinero público. Entre otras "excentricidades", Gomes, nominado en Educación, contrató artistas de renombre nacional e internacional, con sus correspondientes honorarios millonarios, para animar los actos de inauguración de obras públicas. Uno de los famosos contratados fue el tenor Plácido Domingo.
También fue cuestionado por organismos de contralor por contratar un "catering" para abastecer por un año la cocina de su residencia oficial y su despacho, a un costo de 3,4 millones de reales (unos 1,2 millón de dólares), pagados con dinero público. La llamada "parranda del caviar" incluyó alquiler de copas de cristal, mozos, renombrados chefs de cocina y costosos alimentos y bebidas importadas especialmente.
Por último, George Hilton, futuro titular de la cartera que tendrá protagonismo de aquí a 2016, cuando se realizarán los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, fue descubierto en el aeropuerto de Belo Horizonte, en 2007, cargando maletas con dinero que, se presume, provenían de donaciones realizadas por fieles de la iglesia Universal del Reino de Dios, a la cual está vinculado. Hilton, que desde entonces es diputado, fue abordado por la policía federal, que descubrió alrededor de 220.000 dólares, dispuestos en 11 cajas de cartón, dentro de sus valijas. El episodio le valió la expulsión por su entonces partido político, el derechista Partido del Frente Liberal, hoy extinto. Actualmente, el diputado integra el Partido Republicano Brasileño.
Los nombramientos provocaron rápidas reacciones de diversos sectores y críticas de la prensa ya que premian a políticos procesados, candidatos derrotados en las elecciones de octubre y líderes identificados con la derecha y cuestionados por los movimientos sociales que hasta ahora han apoyado al gobierno.
Rousseff fue reelegida en octubre para un segundo mandato que comenzará el 1º de enero y la composición de su gabinete para los próximos cuatro años se ha complicado por denuncias de la prensa en relación al escándalo de corrupción en Petrobras. El diario O Estado de Sao Paulo publicó la semana pasada una lista de 28 políticos supuestamente implicados en el caso, entre los que aparecen muchos de la base oficialista y algunos de los que se barajaban como posibles ministros en el nuevo gobierno de Rousseff.
A raíz de eso, la mandataria declaró que, si bien la lista publicada por O Estado de Sao Paulo no es oficial, había decidido consultar a la Fiscalía sobre la situación de algunos de los políticos que tiene en mente para su nuevo gobierno. Pero que la Fiscalía alegó que el secreto sumarial impedía siquiera que confirme los nombres de los políticos que están bajo investigación.